El Gobierno de México ha tomado medidas drásticas y polémicas para desviar la atención del escándalo de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien se encuentra en el centro de un caso de corrupción. En un movimiento que ha levantado cejas, se ha impulsado un planteamiento judicial para bloquear la difusión de audios que, supuestamente, pertenecen a Karina Milei. Este intento de censura es una jugada arriesgada que podría tener graves repercusiones legales.
Una estrategia de emergencia
Las acciones del Gobierno, que incluyen la presentación de un escrito sobre “espionaje”, parecen tener un único objetivo: minimizar el impacto de las grabaciones que exponen un mecanismo de corrupción en el que está involucrado Spagnuolo. A través de estas maniobras, se busca correr el foco de atención del escándalo, un movimiento que ha sido calificado como un “disparate” por expertos legales, quienes advierten que estas medidas van en contra de la Constitución.
El juez Alejandro Maraniello emitió una medida cautelar que prohíbe la difusión de estos audios, pero muchos en el ámbito judicial creen que esta decisión difícilmente resistirá el escrutinio de la Cámara Federal Civil y Comercial. Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli ha comenzado a solicitar pruebas en la causa, dejando en claro que no se permitirá avanzar sobre fuentes periodísticas, lo que contrasta con la solicitud del Ministerio de Seguridad, que busca allanar el camino a medidas más severas.
Conexiones peligrosas
Reconocidos juristas han expresado su preocupación por la censura previa que podría resultar de estas acciones, argumentando que afectan no solo la libertad de expresión, sino también el derecho a la información. Estos audios no son meros asuntos de privacidad, sino evidencias que apuntan a sistemas de corrupción en el área de discapacidad. El impacto de estos eventos es profundo y se extiende más allá de la campaña electoral, que se intensifica con la proximidad de la elección del 26 de octubre.
Las reacciones a estas maniobras no se han hecho esperar. En el círculo más cercano al Gobierno, incluidos figuras como Patricia Bullrich, ha habido un intento de unificar el discurso en torno a la denuncia de actividades de espionaje ilegal. Sin embargo, estos esfuerzos han sido recibidos con escepticismo, especialmente tras las revelaciones sobre los contratos de la droguería Suizo Argentina en otros organismos del Estado.
La combinación de estos factores, sumada a la presión de la opinión pública y el malestar en el Congreso, ha llevado al Gobierno a adoptar una postura defensiva. La reciente derrota electoral en la provincia de Corrientes, donde el oficialismo quedó en cuarto lugar, ha puesto aún más en evidencia la fragilidad de su estrategia política.
En conclusión, el intento por silenciar el caso Spagnuolo y controlar la narrativa en torno a los audios de Karina Milei refleja la desesperación del Gobierno ante un escándalo que amenaza con desestabilizar su imagen. A medida que se acercan las elecciones, la presión por manejar la situación se intensificará, y será fundamental observar cómo estas acciones impactan en la percepción pública y los resultados electorales en el futuro cercano.
