La propuesta de implementar el voto digital en Perú ha tomado fuerza con el lanzamiento del programa Voto Digital 2026 por parte de la ONPE. Este proyecto piloto busca facilitar el acceso al sufragio a grupos prioritarios como personas con discapacidad, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, personal de salud, bomberos, trabajadores del INPE y peruanos en el exterior.
Se puede considerar este intento como un paso inicial hacia un modelo que aspire a construir confianza y permitir que más ciudadanos participen en el proceso electoral. Según estimaciones de Smartmatic, hasta 177 millones de votantes en América Latina podrían beneficiarse de tecnologías digitales para 2024. Sin embargo, la realidad peruana plantea desafíos que no se pueden pasar por alto.
Desigualdad en el acceso a Internet
El INEI ha reportado que en el primer trimestre de 2025, solo el 58.9% de los hogares en Perú contaba con acceso a Internet, con cifras aún más preocupantes en áreas rurales donde esta cifra apenas alcanza el 20.5%, en contraste con el 80.3% en Lima. Esta brecha digital es una clara señal de que un sistema de voto digital podría concentrarse en sectores urbanos, dejando en desventaja a comunidades rurales y pueblos indígenas.
A esta desigualdad se suma un desafío mayor: la confianza de los ciudadanos en la transparencia de la plataforma. La corrupción en el país ha erosionado la credibilidad de las instituciones, lo que plantea un dilema crucial: ¿estarán los votantes seguros de que su voto será contabilizado de manera adecuada? En 2024, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital reportó más de 15 mil incidentes de ciberseguridad en entidades públicas, incluyendo filtraciones de datos sensibles.
Desconfianza en el voto digital
El Índice Global de Ciberseguridad de la UIT posiciona a Perú en un nivel medio-bajo en términos de madurez digital, con políticas fragmentadas y una capacidad de respuesta limitada. Los riesgos son evidentes: por un lado, las brechas de ciberseguridad que podrían vulnerar la página de la ONPE, y por otro, la posibilidad de errores en la infraestructura que provoquen el colapso del sistema.
La experiencia internacional refuerza las inquietudes. En Estados Unidos, una encuesta de 2020 reveló que solo el 45% de la población confiaba en la seguridad del voto digital. Si en un entorno más robusto la desconfianza es tan alta, en Perú la situación es aún más frágil. Una elección reñida carecería de crédito político y social para soportar un mínimo error tecnológico.
El peor escenario no es solo un fallo del sistema, sino la posible ruptura definitiva de confianza en el voto digital, lo que podría relegarnos a un sufragio exclusivamente en papel por muchos años más. A mi juicio, un voto digital universal en el corto plazo no es viable. Lo que sí se puede implementar es un piloto voluntario, auditable y complementado con el voto en papel, siempre que se avance en cerrar la brecha digital y en reforzar la confianza ciudadana.
La ONPE ha optado por una ruta prudente con su piloto focalizado. Sin embargo, la delicada coyuntura política y social del Perú significa que un error mínimo podría costarnos décadas de desconfianza. Más que un experimento tecnológico, el voto digital se presenta como una prueba de confianza para la sociedad peruana.
