El proceso de extradición de Alexis de la Cruz Canales, exasesor de la congresista María Agüero, ha comenzado tras su detención en España. De la Cruz enfrenta serias acusaciones por el presunto cobro de “mochasueldos” a al menos doce trabajadores de su despacho parlamentario.
Entre junio de 2022 y mayo de 2023, se informa que estos empleados entregaron hasta el 10% de sus salarios a personas cercanas a Agüero, tanto en Arequipa como en Lima. Este escándalo ha despertado la indignación pública y ha puesto en el centro de atención la corrupción en el ámbito político peruano.
Detención y antecedentes del caso
El paradero de De la Cruz fue desconocido durante meses después de que el Poder Judicial de Perú ordenara, en noviembre de 2022, 18 meses de prisión preventiva en su contra por presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Finalmente, el 19 de agosto de 2023 fue detenido en España bajo condiciones migratorias irregulares.
Las autoridades peruanas han iniciado el proceso formal de extradición, centrando sus esfuerzos en garantizar que De la Cruz comparezca ante la justicia nacional. La investigación, liderada por el Ministerio Público, sostiene que el esquema de “mochasueldos” operaba con la recolección del 10% de los salarios de los trabajadores, recursos que supuestamente eran recepcionados por Edson Flores Valencia en Arequipa y César de la Cruz Canales en Lima.
Posible agilización del procedimiento
El abogado penalista Vladimir Padilla explicó a Panamericana Noticias que estos trámites normalmente podrían tomar entre seis meses y un año, ya que deben ser evaluados tanto por el Poder Judicial como por el Ejecutivo en Perú, antes de ser analizados por las autoridades de España. Sin embargo, consideró que el proceso podría resolverse en un plazo menor si se confirma la condición migratoria irregular del detenido. “En ese escenario, el procedimiento no debería extenderse por más de tres semanas”, expuso Padilla.
Padilla señaló que la práctica de “mochasueldos” afecta directamente los recursos del Estado. Según su análisis, esta modalidad consiste en que funcionarios se apropian de parte de los salarios asignados a trabajadores que, a cambio de mantenerse en sus puestos, ceden un porcentaje de sus haberes.
Las repercusiones políticas de este caso han sido significativas. La Comisión de Ética del Congreso recomendó suspender a la congresista Agüero por 120 días debido a su implicancia en la denuncia, aunque esta recomendación aún está pendiente de debate en el pleno del Congreso, lo que mantiene en incertidumbre las eventuales consecuencias para la legisladora de Perú Libre.
Desde la denuncia presentada hace diez meses, la investigación ha avanzado con la recolección de testimonios de trabajadores del despacho de Agüero, quienes afirman haber entregado fondos bajo presión o amenaza de perder su empleo. El proceso, ahora en etapa de extradición, busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los implicados.
La decisión final sobre la extradición de De la Cruz dependerá de la revisión que realicen las instancias judiciales y administrativas tanto de Perú como de España. Mientras tanto, las investigaciones en el país sudamericano siguen activas, a la espera de los próximos movimientos legales y políticos en torno al caso.
