En el marco del juicio por la causa “Fútbol para Todos”, el fiscal general Miguel Ángel Osorio solicitó condenas severas para los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich debido a las irregularidades que habrían perjudicado al Estado argentino por más de 131,608,000 pesos entre 2010 y 2015.
Solicitudes de condena y defraudación al Estado
Osorio pidió una pena de tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández, mientras que para Capitanich solicitó ocho meses de cárcel. Las acusaciones incluyen la administración fraudulenta y la violación de los deberes como funcionarios públicos.
En el alegato presentado ante el Tribunal Oral Federal N° 1, el Ministerio Público también pidió penas de dos años para Luis Segura, ex presidente de la AFA, y un año para Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). Por su parte, Norberto Monteleone y Natale Antonio Rigano enfrentan acusaciones similares.
El pedido de pena para Fernández se plantea como ejecución condicional, mientras que Capitanich solo enfrenta la imputación por la violación de deberes, con inhabilitación adicional que podría extenderse por el doble del tiempo de condena.
Irregularidades en el manejo de fondos
La acusación expone que las supuestas maniobras de corrupción habrían resultado en un perjuicio significativo para el Estado, obligando a los acusados a reintegrar solidariamente la cantidad defraudada, actualizada a cifras actuales, en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la AFA.
Durante el juicio, se reveló que la investigación judicial liderada por el fiscal Eduardo Taiano señaló que las instituciones deportivas no solo aumentaron sus pasivos, sino que también incumplieron obligaciones de auditoría establecidas en el contrato con la AFA, que tenía como fin garantizar el acceso libre y gratuito a los partidos.
El fiscal argumentó que las transferencias de dinero a los clubes no llegaban en su totalidad, ya que eran sometidas a descuentos que favorecían a entidades crediticias. Esto, según la acusación, representó un desvío de fondos públicos hacia empresas privadas, afectando gravemente el patrimonio estatal.
El TOF N° 1 ha convocado a un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre de 2023, cuando comenzarán las exposiciones de la defensa. La causa, que se ha elevado a juicio por presuntas maniobras fraudulentas, destaca la relevancia de la transparencia en el manejo de fondos públicos, especialmente en un sector tan popular como el fútbol.
