El hallazgo de los cuerpos sin vida de Paúl Alexander y Carlos Alejandro, dos adolescentes de Jalisco, pone de manifiesto la alarmante problemática del reclutamiento forzado de menores por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los jóvenes, ambos de 16 años, desaparecieron en mayo y fueron localizados sin vida el 14 de julio de 2025 en la comunidad El Pozo, en Culiacán, tras un enfrentamiento entre civiles armados que evidencia la brutalidad de la violencia en la región.
Un fenómeno en aumento
Desde el verano de 2024, Jalisco ha visto un aumento significativo en la desaparición de jóvenes de entre 15 y 19 años, un fenómeno que las autoridades y especialistas atribuyen al reclutamiento forzado por el crimen organizado. Según la Fiscalía de Jalisco, Paúl y Carlos fueron contactados a través de redes sociales y trasladados primero a Zacatecas para recibir entrenamiento en el uso de armas, luego a Nayarit, y finalmente a Sinaloa, donde se integraron a un enfrentamiento armado.
Testimonios de personas que lograron escapar de este círculo criminal han permitido identificar que al menos otras cuatro personas reportadas como desaparecidas en Jalisco se encuentran en condiciones similares de reclutamiento forzado en Sinaloa. Esta situación es alarmante y refleja una grave crisis que las autoridades no han podido controlar.
Desapariciones en Jalisco
Las cifras oficiales son desalentadoras. Según datos del gobierno estatal, Jalisco suma 15,838 personas desaparecidas, de las cuales 702 casos corresponden a lo que va de 2025. El Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha alertado sobre el aumento de desapariciones de adolescentes y sostiene que este repunte está relacionado con el reclutamiento forzado.
Por su parte, el coordinador estratégico de Seguridad del estado, Roberto Alarcón, ha señalado que desde el inicio de la actual administración se han detectado 65 casos de menores posiblemente enrolados por la delincuencia organizada. Este dato no solo resalta la magnitud del problema, sino también la ineficacia de las respuestas institucionales hasta el momento.
El caso del rancho Izaguirre
El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, se ha convertido en un símbolo de las deficiencias institucionales en la investigación y procesamiento judicial de estos casos. El 18 de septiembre de 2025 se cumplirá un año desde que la Guardia Nacional descubrió este sitio, donde se detuvo a 10 hombres y se liberó a dos personas retenidas, aunque la información pública sobre el operativo presenta contradicciones que generan desconfianza.
Los 10 detenidos recibieron una sentencia de 141 años y tres meses de prisión, además de una multa de 1.3 millones de pesos como reparación del daño. Sin embargo, las audiencias del juicio se realizaron de manera privada, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de transparencia en el proceso judicial.
Vínculos con la policía y corrupción
El fiscal estatal considera que la condena es un precedente ejemplar en la lucha contra el crimen organizado, pero las investigaciones sobre posibles vínculos de la policía con el CJNG continúan. Tres policías de Tala están vinculados a proceso por presuntamente entregar a una persona a los responsables del rancho Izaguirre, aunque no existen vínculos formales entre estas investigaciones.
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha iniciado una investigación sobre posibles malas prácticas procesales que involucran a 12 funcionarios públicos, incluidos agentes del Ministerio Público y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hasta ahora, no se ha imputado ni vinculado a proceso a ninguno.
La realidad es que, mientras las investigaciones avanzan lentamente, la estructura de reclutamiento forzado del CJNG en Jalisco permanece activa, dejando a decenas de familias en la incertidumbre y en la búsqueda de justicia.
