El nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia en Perú ha desatado un torrente de reacciones, especialmente por sus declaraciones sobre la pena de muerte y la Convención Americana de Derechos Humanos. En un reciente diálogo con RPP, Santiváñez reveló su postura de respaldar la posible denuncia de este pacto internacional, argumentando que hay delitos donde la resocialización es “invivable”, como en el caso de la violación a personas vulnerables y niños.
Las controversiales declaraciones de Santiváñez
La discusión sobre la aplicación de la pena de muerte en Perú no es nueva. Antes de su nombramiento, el gobierno de Dina Boluarte ya había encargado reuniones en diversas regiones del país para debatir el tema. Según Santiváñez, la presidenta planteó esta posibilidad para evaluar su viabilidad y, de manera particular, considera que los delitos de sicariato también deberían ser contemplados.
Es importante recordar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) protege a los peruanos que no encuentran justicia en su país. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, lo que significa que el Estado debe acatarlas. Sin embargo, Santiváñez parece estar dispuesto a desafiar esta normativa, lo que generaría un impacto significativo en el ámbito de los derechos humanos en Perú.
El apoyo de Boluarte a la ley de amnistía
La situación se complica aún más con la reciente ley de amnistía, apoyada por Boluarte, que ha generado controversias tanto a nivel nacional como internacional. Esta ley exime de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como a civiles y funcionarios, por hechos ocurridos entre 2021 y 2023 relacionados con protestas. Organismos de derechos humanos y actores de la sociedad civil han manifestado su rechazo a esta norma, advirtiendo sobre los riesgos de impunidad que podría acarrear.
“No permitiremos la intervención de la Corte IDH en los asuntos internos del país”, declaró Boluarte, desafiando abiertamente las advertencias de este organismo internacional. La controvertida ley fue defendida por la presidenta como un “acto de justicia” para quienes enfrentan procesos judiciales en contextos de agitación social.
La tensión entre el Gobierno peruano y los organismos internacionales se intensifica, mientras las voces críticas se alzan para exigir el respeto a los estándares de protección de los derechos humanos. La postura de Santiváñez y Boluarte pone en evidencia un choque entre la legislación interna y los compromisos internacionales, dejando a Perú en una encrucijada donde los derechos fundamentales están en juego.
