El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello se encuentra en el centro de un escándalo judicial tras la prohibición de la difusión de audios vinculados a Karina Milei, enfrentando actualmente nueve denuncias en su contra, de las cuales cinco son por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.
Denuncias graves contra Maraniello
La notificación de los cargos ocurrió la semana pasada, otorgándole un plazo legal de veinte días para presentar su defensa ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Estas acusaciones han llevado a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar desde septiembre de 2024 la presencia policial en el juzgado para proteger la integridad de los empleados.
Desde la organización sindical se celebró la implementación de esta medida de seguridad en horas laborales, señalando que Maraniello fue notificado conforme al artículo 11 del reglamento de la comisión, que es dirigida por el abogado César Grau. Las denuncias abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos.
Testimonios impactantes de las víctimas
Una de las denunciantes relató que fue abordada por el juez a menos de una semana de comenzar sus labores en el organismo, y que se vio forzada a asistir a un encuentro fuera del horario laboral por temor a perder su empleo. En este encuentro, sufrió tocamientos y besos no consentidos, y mencionó que se sintió obligada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.
Otra empleada también declaró haber recibido mensajes a través de redes sociales de Maraniello, así como observaciones constantes sobre su vestimenta y maltrato laboral tras rechazar solicitudes personales. Además, la víctima indicó que necesitó medicación para manejar el estrés laboral y mencionó episodios de depresión y pensamientos suicidas, lo que la llevó a formalizar su denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.
La intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres se activó para tomar declaración a las víctimas, aunque una de ellas dejó claro que no buscaba instar acción penal. Según la fiscal Mariana Labozzetta, los hechos podrían constituir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello, lo que ha llevado el caso a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli.
El proceso disciplinario sigue avanzando con la evaluación de pruebas y testimonios. Mientras tanto, la Comisión de Disciplina está considerando la aplicación de sanciones administrativas o, eventualmente, remitir los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez.
Las denuncias, que incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, y maltrato a empleados, han sido remitidas por la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar, aunque se encuentran bajo reserva y no han sido difundidas públicamente. El gremio judicial ha destacado que el avance de las entrevistas con empleados actuales y ex empleados ha permitido conocer “más y más casos”, revelando un patrón preocupante de comportamiento.
Una de las víctimas expresó su vulnerabilidad, señalando que provenía de un hogar humilde y dependía de su empleo como trabajadora interina para continuar sus estudios, siendo la primera universitaria en su familia. La situación de Maraniello en el escándalo de los audios de Karina Milei coincide con el avance de las causas en su contra, mientras la filtración de estos audios provocó un operativo judicial para controlar su difusión.
