La Audiencia Nacional ha decidido no prohibir la manifestación programada para este viernes en Bilbao, donde se exigirá la “vuelta a casa de presos, exiliados y deportados” de ETA. Esta decisión, tomada por el juez Ismael Moreno, responde a la solicitud de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la cual había pedido que se impidiera la concentración.
Detalles del fallo judicial
Moreno emitió su resolución después de recibir informes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza sobre “las circunstancias concretas de la convocatoria”, realizada por la red de apoyo a los presos de ETA, Sare. El juez determinó que la Audiencia Nacional tiene competencia para abordar el asunto y consultó a las fuerzas de seguridad antes de tomar una decisión sobre la medida cautelar solicitada por la AVT.
La AVT argumenta que la manifestación es un “claro ejemplo de blanqueamiento del terrorismo”, al considerar que el término “vuelta a casa de los presos” implica impunidad. En un comunicado, la asociación subrayó que la liberación de estos individuos, condenados por terrorismo, ignora la gravedad de sus delitos y atenta contra la justicia para las víctimas.
Reacciones y críticas a la manifestación
Desde la AVT, insistieron en que no existen “refugiados ni deportados”, sino terroristas que, al tener cuentas pendientes con la justicia, optan por no regresar a España. La asociación también rechazó el uso del término “conflicto”, afirmando que no ha habido tal situación, y que la violencia de ETA recae únicamente en los terroristas y sus cómplices.
La movilización programada para este viernes, según la AVT, es un ataque a la dignidad de las víctimas, quienes deberían poder caminar por las calles de Bilbao sin sentirse humilladas. Además, la AVT advierte sobre el mensaje que se está enviando a la sociedad, sugiriendo que la violencia y la extorsión son comportamientos aceptables, mientras las condenas judiciales son minimizadas.
El contexto de este debate resalta la complicada relación que España ha tenido con el terrorismo y las víctimas a lo largo de las décadas, y plantea interrogantes sobre cómo se aborda la memoria histórica y la justicia en el país. Este caso particular, por su relevancia y el trasfondo emocional que conlleva, continuará generando opiniones divididas en la sociedad.
