La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) ha sido acusada de operar como un sindicato mafioso que extorsiona a empresarios en La Laguna, disfrazando el cobro de piso como cuotas sindicales, acompañado de amenazas y agresiones.
Denuncias de extorsión en La Laguna
Recientemente, se han hecho públicas las denuncias de un sector empresarial que señala a operadores vinculados a la CATEM de haber establecido una red de extorsión institucionalizada. Los empresarios indican que quienes se niegan a pagar enfrentan intimidaciones que van desde agresiones físicas hasta amenazas serias. Los cobros abarcan desde el transporte de materiales hasta la movilización de ganado y el desvío de agua.
Esta situación no es aislada. En el pasado, miembros de la CATEM en Oaxaca también fueron denunciados por recurrir a la violencia para controlar la distribución de materiales de construcción, lo que pone de manifiesto un patrón preocupante.
El poder detrás de la CATEM
Lo que hace que el caso de la CATEM sea particularmente alarmante es la figura de su secretario general, el diputado Pedro Miguel Haces Barba, quien ha logrado establecer conexiones políticas de alto nivel, siendo descrito como el ‘brazo derecho’ de Ricardo Monreal. Este respaldo político, sumado a la considerable fortuna personal de Haces, refuerza la percepción de que la CATEM es intocable.
Las prácticas extorsivas no son sólo un problema de la CATEM; representan un fenómeno más amplio en la economía nacional, donde muchos sectores, como la ganadería, minería y transporte, operan bajo la sombra de organizaciones criminales o sindicatos amafiados. La realidad es que las amenazas de grupos criminales han llevado a que algunos actores regionales busquen apropiarse de estructuras gremiales mediante la violencia.
En Quintana Roo, por ejemplo, se ha observado una ‘limpia’ de líderes sindicales, con al menos cinco asesinatos desde mayo, lo que podría ser parte de una estrategia deliberada para imponer a personajes afines en las organizaciones de trabajadores del estado.
Por si fuera poco, hay preocupaciones de que los cárteles, que controlan el tráfico transnacional de drogas, puedan ver en los sindicatos una vía para operar bajo un manto de legalidad, especialmente en un entorno de extradición expedita.
La periodista Anabel Hernández ha señalado vínculos alarmantes entre Haces Barba y el Cártel de Sinaloa, así como su papel como gestor para personajes cercanos a los hermanos Beltrán Leyva. Ante tales acusaciones, el partido gobernante debería reconsiderar la conveniencia de respaldar agrupaciones que, aunque útiles en campañas electorales, comprometen gravemente su imagen.
La situación actual pone de relieve un aspecto de la política mexicana que se ha vuelto intolerable: la mezcla entre el sindicalismo y el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum debe tomar nota de este escándalo y actuar para distanciarse de estas prácticas, que no solo afectan la economía, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El sindicalismo mafioso que ha resurgido con la CATEM es un claro recordatorio de que, si no se controlan estas dinámicas, el futuro de la política laboral en México podría estar en serias dificultades.
