La Fiscalía General de la Nación ha presentado una acusación formal contra Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, por presuntas irregularidades en la gestión del lote Aguas Vivas, un terreno de alto valor ambiental y urbanístico. Este proceso ha desatado un intenso debate en Colombia sobre la legalidad de las actuaciones administrativas y el uso del suelo en la ciudad, según reporta El Tiempo.
Detalles de la acusación
La acusación, formalizada el 16 de septiembre de 2023, señala a Quintero por delitos de peculado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. La fiscal Yarlecy Mena argumenta que el exalcalde participó en un “acuerdo criminal” junto a otros exfuncionarios y particulares, con el objetivo de alterar las condiciones de uso del predio Aguas Vivas, también conocido como Ecoparque Las Palmas.
Entre los funcionarios implicados se encuentran Fabio Andrés García Trujillo, Jasbleidy Pirazán García, Mauricio Valencia Escobar, Juan David Agudelo Restrepo y Rivier Hernando Gómez Cueva, así como empresarios del sector de la construcción. Este escándalo se remonta a 2019, cuando el terreno de 146,000 metros cuadrados fue cedido a la ciudad como compensación por obligaciones urbanísticas, lo que suscitó cuestionamientos sobre el manejo del suelo en la región.
Modificaciones irregulares al POT
La Fiscalía sostiene que, a pesar de las restricciones impuestas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, la administración de Quintero impulsó modificaciones irregulares a través del Decreto 412 de 2023. Este decreto, firmado el 12 de mayo de 2023, establecía parámetros para la construcción de infraestructura pública y privada en el Ecoparque Las Palmas, permitiendo edificaciones de hasta dos pisos en la zona rural y hasta quince pisos en el área urbana, en clara contradicción con las limitaciones del POT.
Además, el proceso judicial examina la resolución expedida el 26 de octubre de 2022 por Fabio García, quien ordenó la terminación unilateral del contrato de cesión gratuita del terreno, acción considerada irregular por la Fiscalía, ya que no tenía competencia jerárquica para dicha decisión y no se realizó un estudio previo sobre la conveniencia de finalizar el convenio.
La acusación indica que Quintero y García se habrían apropiado del inmueble que anteriormente había sido transferido a la alcaldía por empresarios del sector de la construcción. La legalidad de las modificaciones al POT también se cuestiona, dado que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 313, reserva la aprobación de estos planes a los concejos municipales.
La fiscal Mena enfatiza que, a pesar de las advertencias sobre la imposibilidad de modificar el POT sin la intervención del concejo, Quintero procedió a firmar el decreto, constituyendo un acto contrario a la ley. La Fiscalía argumenta que, mediante la alteración de documentos oficiales desde 2020, Quintero y sus colaboradores intentaron favorecer económicamente a particulares, transformando la cesión gratuita del bien en una compraventa que permitiría pagar más de 40,500 millones de pesos a los antiguos propietarios.
Este caso ha centrado el debate sobre la competencia de la alcaldía para modificar el uso del suelo y la necesidad de respetar los procedimientos legales establecidos para la planificación urbana. La Fiscalía insiste en que la actuación de Quintero y sus funcionarios desbordó los límites de la ley, vulnerando el principio de legalidad que debe regir la administración pública.
Por su parte, el exalcalde ha declarado su inocencia ante los cargos presentados en su contra, mientras el proceso judicial continúa su curso. El escrito de acusación concluye que Quintero tomó decisiones administrativas que excedieron las competencias asignadas por la Constitución y la ley, apartándose de las obligaciones legales inherentes a su cargo.
