Las fuerzas del Gobierno de la República del Congo y el Movimiento 23 de Marzo (M23) han sido acusados por Naciones Unidas de no cumplir con el alto el fuego estipulado en la resolución del Consejo de Seguridad adoptada en febrero. La advertencia fue emitida por la secretaria general adjunta para África, Martha Ama Akyaa Pobee, quien describió la situación en el país como un “momento crítico” debido al aumento de la violencia y el sufrimiento de la población civil.
Incesante conflicto en el este de Congo
Desde el 19 de julio, fecha en la que ambas partes firmaron una “declaración de principios” en Doha (Qatar), el conflicto ha seguido intensificándose, especialmente en las regiones del este. El número de víctimas civiles ha aumentado drásticamente, con informes de violencia sexual y el reclutamiento forzado de niños. Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, entre el 9 y el 21 de julio, el M23 ha asesinado al menos a 319 civiles en la zona de Rutshuru.
La situación humanitaria se ha vuelto alarmante, con 5.9 millones de congoleños desplazados internamente, de los cuales un millón se encuentran en Kivu del Norte y 1.5 millones en Kivu del Sur. Aunque las líneas del frente permanecen “estables”, las tensiones comunitarias están aumentando, lo que podría desencadenar enfrentamientos adicionales.
Reacciones del M23 ante las acusaciones
El M23 no ha permanecido en silencio y ha emitido un comunicado en respuesta a las acusaciones de la ONU. Negaron haber cometido los crímenes que se les imputan y argumentaron que sus “avances” son resultado de la incapacidad de las FARDC (Ejército congoleño) para proteger a la población, no de un incumplimiento de los acuerdos. Según el portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, las fuerzas del régimen de Kinshasa han violado sistemáticamente los altos el fuego, utilizando milicias como los wazalendos para llevar a cabo ataques indirectos.
El conflicto en la República del Congo se ha convertido en un foco de preocupación internacional, y las acciones de las partes involucradas continúan generando un impacto devastador en la población civil. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de la situación, mientras la violencia persiste en el este del país.
