El régimen de Nicolás Maduro ha llevado a cabo un acto alarmante al secuestrar a cuatro miembros de una familia venezolana, incluyendo a una niña de apenas 2 años. Este hecho, documentado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE), ocurrió entre el 4 y 5 de septiembre en el estado Carabobo, cuando autoridades de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron sin orden judicial a Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y a su nieto Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17 años, en su hogar.
Al día siguiente, Miguel fue obligado a llamar a su hermana, Chantal Niulany Guillén, de 21 años, instándola a presentarse en la sede de la PNB en La Esmeralda. Chantal acudió con su hija Nicole de Los Ángeles Palermo, quien solo tiene 2 años, y ambas fueron detenidas sin justificación. Desde entonces, las autoridades han mantenido en completo silencio sobre el paradero de los cuatro familiares, bloqueando cualquier comunicación y negando información sobre su estado de salud.
Denuncias de violaciones a derechos humanos
CLIPPVE ha calificado estos hechos como una “desaparición forzada”, advirtiendo que constituyen una violación “aberrante” de los derechos humanos y evidencian la práctica sistemática de represalias contra familias de opositores. Este método, conocido como Sippenhaft, busca infundir miedo en la sociedad venezolana.
El líder opositor Edmundo González Urrutia condenó esta atrocidad a través de la red social X, enfatizando que una “niña inocente se ha convertido en rehén del poder”. En su mensaje, destacó la barbarie de la situación, llamando la atención sobre el uso de engaños para arrestar a una madre y a su hija.
El partido Vente Venezuela, al que pertenece González Urrutia, responsabilizó directamente al fiscal general impuesto por el régimen, Tarek William Saab, y a Diosdado Cabello, así como al mismo Maduro, por cualquier daño que pueda ocurrirles a los miembros de la familia Guillén. CLIPPVE exige al Estado venezolano que informe inmediatamente sobre su paradero y garantice su integridad física, permitiendo el acceso a familiares y abogados, y solicitando su liberación incondicional.
Un contexto de crisis política y represión
Este caso se suma a la situación de otros familiares de opositores que permanecen detenidos. Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, reveló que no ha tenido “comunicación alguna” con su esposo Rafael Tudares, quien ha estado detenido desde el 7 de enero. Tudares enfrenta acusaciones de “forjamiento, conspiración, terrorismo” y otros delitos, mientras su esposa continúa buscando noticias sin éxito.
La crisis política en Venezuela se ha intensificado luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde la oposición denunció fraude en la reelección de Maduro. González Urrutia se exilió en España en septiembre y desde allí ha reclamado la presidencia del país suramericano.
Las denuncias de detenciones arbitrarias se producen en un clima de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, Maduro propuso un diálogo con Washington horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con derribar aviones militares venezolanos que representen un peligro para las fuerzas estadounidenses. Esta escalada de tensiones se vio avivada por un ataque de EE. UU. que dejó 11 muertos, elevando aún más la preocupación por la situación de los derechos humanos en el país.
