El secuestro de 45 militares en la zona rural de El Tambo, Cauca, ha puesto de manifiesto una alarmante estrategia de grupos armados ilegales que utilizan a comunidades civiles como escudos humanos para frenar los operativos de la Fuerza Pública. El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, calificó este fenómeno como “sin precedentes” y enfatizó que constituye un delito que debe ser investigado de forma inmediata.
Invasión y presión sobre la Fuerza Pública
Durante su intervención en el XXXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso en Barranquilla, Eljach afirmó que la retención de militares por parte de civiles, bajo la presión de grupos armados, es una práctica “novedosa” en el país. Subrayó la obligación de los organismos de control de actuar con celeridad ante estos hechos. “Eso son delitos y los organismos deben actuar con prontitud”, recalcó el procurador.
El episodio más reciente ocurrió cuando cerca de seiscientas personas rodearon a un grupo de militares que llevaban a cabo una operación en la zona, acción atribuida a disidencias del Frente Carlos Patiño de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco. A pesar de la gravedad de los acontecimientos, Eljach reiteró que la Fuerza Pública no puede responder con violencia contra la población civil debido a la prohibición constitucional.
“Se trata de comunidades instrumentalizadas por violentos armados criminales que le cierran el paso a las tropas”, advirtió Eljach, quien insistió en que el diálogo es el camino para evitar choques entre civiles y militares.
Asonadas en aumento y contexto preocupante
El Ministerio Público ha reportado 28 asonadas en lo que va de 2025, con casos recientes en municipios como Caloto (Cauca) y Calamar (Guaviare), donde civiles han retenido a uniformados. Eljach calificó de “lamentables” estos episodios y solicitó que los promotores de estas acciones sean perseguidos y judicializados.
Sin embargo, el procurador también pidió entender el contexto en el que actúan las comunidades. “Hay que ponerse en los zapatos de estas comunidades indefensas, sometidas bajo las armas de grupos ilegales que los instrumentalizan y los amenazan”, reflexionó. Aclaró que quienes participan en estas retenciones deben ser conscientes de que incurren en delitos y tendrán que responder ante la justicia.
El departamento del Cauca se ha convertido en uno de los principales escenarios de disputa entre el Ejército y las disidencias de las FARC. Desde hace un año, las autoridades llevan a cabo la Operación Perseo para frenar el avance de grupos ilegales que han consolidado su presencia en la región. Eljach destacó el comportamiento de los uniformados retenidos, resaltando que “prefieren pasar por esa vergonzosa situación y no levantar un arma, ni siquiera un golpe, contra un civil”, lo que evidencia el compromiso de la Fuerza Pública con los derechos humanos.
Detrás de este episodio se encuentra Edwar Rubiano Álvarez, conocido como alias Jimmy. Según inteligencia militar citada por Blu Radio, este individuo se presenta como presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Tigres y secretario de la Asociación Campesina de El Tambo, pero las autoridades lo identifican como un actor clave dentro de las Redes de Apoyo a la Estructura Residual (Raer) de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC.
En otro ámbito, el procurador se refirió a la situación del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, mencionando que hay seis indagaciones preliminares por denuncias públicas, aunque aclaró que no hay personas vinculadas formalmente y que los procesos están en etapas iniciales. En cuanto a la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, Eljach enfatizó que estas medidas no deben tener como propósito la liquidación de la compañía, justo cuando se cumple un año de su asunción por el Estado.
Con estas advertencias, el jefe del Ministerio Público reiteró la urgencia de que los organismos competentes actúen frente a las asonadas y subrayó que la instrumentalización de comunidades por parte de grupos armados no puede consolidarse como un mecanismo para obstaculizar a la Fuerza Pública.
