La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión contundente al destituir e inhabilitar por 14 años al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, tras confirmar que su inscripción como candidato a las elecciones del 29 de octubre de 2023 se realizó en un período de inhabilidad.
Se dictaminó que Krasnov, conocido popularmente como “El Ruso”, había suscrito un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), lo cual contraviene las normas que regulan la elegibilidad para cargos públicos. Este contrato, por un monto de $8,129,040, tenía como objetivo la capacitación de estudiantes en temas de revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán.
Irregularidades en la candidatura
La investigación llevada a cabo por la Procuraduría reveló que Krasnov, aproximadamente diez meses antes de su elección, actuaba como contratista de una entidad pública. Este hecho es crucial, ya que, de acuerdo con el régimen de inhabilidades vigente en Colombia, impide la postulación a cargos de elección popular en la misma jurisdicción.
Cabe mencionar que este caso guarda similitudes con el de Tulio Gómez, empresario y máximo accionista del América, quien también enfrentó impedimentos por razones similares en su carrera política. La Procuraduría calificó la falta de Krasnov como “gravisima”, señalando dolo en sus actuaciones, ya que se presentó a la contienda electoral a pesar de ser consciente de su inhabilidad.
Consecuencias y próximos pasos
La sanción impuesta por la Procuraduría también está sujeta a un proceso en el Consejo de Estado, donde se revisarán las implicaciones legales de este caso. La Procuraduría destacó que la firma y ejecución del contrato por parte de Krasnov vulneró las normas que buscan garantizar la transparencia e idoneidad en el acceso a cargos públicos.
Como parte del debido proceso, Krasnov tiene el derecho de interponer un recurso de apelación, que será evaluado por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular. Importante destacar que, mientras se resuelve este recurso, la sanción no se considerará definitiva.
Este caso enciende el debate sobre la ética y la transparencia en la política local, convirtiéndose en un claro recordatorio de la importancia de respetar las regulaciones que rigen las elecciones en Colombia.
