El debate en torno al proyecto de Presupuesto 2026 se ha calentado en el Congreso de la República, tras la revelación de que el articulado incluye disposiciones que otorgan amplias facultades al presidente Gustavo Petro para tomar decisiones económicas de gran impacto sin la intervención de otros órganos del poder público. Esta situación ha encendido las alarmas entre varios legisladores, quienes subrayan la necesidad de un análisis exhaustivo de los 97 artículos que componen la propuesta, cuyo monto asciende a $556.9 billones.
Facultades y preocupaciones entre legisladores
El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez enfatizó que, a pesar de la complejidad del documento, la iniciativa debería ser más clara para facilitar su comprensión y eventual aprobación. Según Pérez, al menos 37 artículos requieren un examen detallado, dado su potencial impacto en la estructura financiera y legal del país. Entre los puntos que han generado mayor preocupación se encuentran las modificaciones a las fuentes de financiamiento y las transferencias temporales de liquidez.
Pérez planteó interrogantes sobre la finalidad de estas disposiciones, cuestionando si buscan “legalizar las operaciones por fuertes sumas de dinero en francos suizos que están haciendo”, lo que podría tener implicaciones significativas en la transparencia y el control de los recursos públicos. Otro tema candente es el de las vigencias futuras, especialmente en lo que respecta a la seguridad jurídica de las inversiones en infraestructura, recordando que estas normas ya cuentan con la aprobación del Congreso.
Implicaciones de un presupuesto decretado
La posibilidad de que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 se expedido mediante decreto ha generado un clima de inquietud en la agenda política colombiana. El senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático y presidente de la Comisión Cuarta, expresó su preocupación por lo que considera una estrategia del Gobierno nacional para evitar el debate parlamentario y consolidar lo que él llama una “dictadura fiscal”.
Cabrales criticó a Petro por las maniobras legislativas que, según él, permitirían que el presupuesto se decreta directamente desde la Casa de Nariño, similar a lo que sucedió con los recursos para 2025. Afirmó que hay artículos en el proyecto que son “muy peligrosos para el país” y que aún están en proceso de análisis detallado para identificarlos. “El presidente Gustavo Petro quiere decretar el presupuesto general de la nación y no lo podemos permitir”, advirtió el congresista.
El articulado también contempla medidas que permitirían al Gobierno reprogramar las vigencias futuras del sector transporte, buscando mayor flexibilidad sin aumentar el gasto total. Además, habilita el uso de excedentes de fondos como FAZNI, FAER y PRONE para financiar subsidios y promover energías alternativas, con el objetivo de asegurar la continuidad de la política de subsidios y avanzar en la transición hacia fuentes más sostenibles.
Por último, el proyecto incluye la autorización de anticipos en el pago de deuda pública, permitiendo cubrir compromisos de 2026 e incluso algunas obligaciones de enero de 2027. Esta medida busca facilitar el manejo de la deuda, ofreciendo flexibilidad en los pagos y en la gestión financiera del Estado.
