El gobierno federal ha confirmado el inicio de operativos migratorios de alta magnitud en Chicago y otras ciudades catalogadas como santuario, lo que marca un cambio significativo en la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional. Estas acciones comenzarán el 5 de septiembre, justo después del Labor Day, y representan la medida más ambiciosa adoptada por la administración actual frente a jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades en la detención de inmigrantes indocumentados.
Iniciativas y reacciones locales
Según altos funcionarios, el objetivo de estos operativos es “elevar la presión” sobre las ciudades santuario y demostrar la disposición de Washington para ejercer mayor control ante la resistencia local. En Los Ángeles, una estrategia similar en julio provocó protestas masivas debido al uso excesivo de la fuerza por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La movilización logística de los operativos en Chicago incluye el uso de recursos militares como apoyo indirecto. Tom Homan, designado como “zar de la frontera”, afirmó que después del Labor Day se intensificarán las operaciones no solo en Chicago, sino también en Nueva York, Portland y Seattle. La Naval Station Great Lakes, ubicada a unos 65 kilómetros al norte de Chicago, podría ser utilizada como base de apoyo logístico entre el 2 y el 30 de septiembre.
Desacuerdos y preocupaciones sobre derechos humanos
Las autoridades locales han expresado su rechazo a colaborar con estos operativos. Larry Snelling, superintendente de la Policía de Chicago, dejó en claro que su departamento no participará en las redadas, enfatizando que solo se involucrarán para mantener el orden público durante posibles manifestaciones. El alcalde Brandon Johnson también criticó la falta de comunicación con la Casa Blanca, advirtiendo que tales acciones generan miedo en las comunidades y minan la confianza entre ciudadanos y autoridades.
El gobernador JB Pritzker coincidió en que los índices de criminalidad en Chicago están en descenso, lo que contradice el argumento del gobierno federal sobre un aumento delictivo. Esta situación ha llevado a organizaciones civiles, como la ACLU de Illinois, a advertir que los operativos solo intensifican el pánico entre las comunidades migrantes, dificultando su acceso a servicios esenciales.
La combinación de la movilización de tropas militares, la negativa de la policía local a colaborar, y las advertencias de organizaciones defensoras de derechos humanos conforman un panorama complejo ante la ejecución inminente de estos operativos. La situación será monitoreada de cerca por diversas agencias y observadores, quienes ya han comenzado a manifestar su preocupación por los posibles abusos que pudieran surgir en este contexto.
