La reciente reforma a la Ley Antilavado de México, que entró en vigor el 16 de julio de 2025, busca endurecer las medidas para detectar y prevenir el uso de dinero con procedencia ilícita. Según Raúl Alberto Pino Navarrete, presidente del Colegio Notarial de Yucatán, esta normativa tiene como objetivo principal identificar a quienes participan en actividades ilícitas y reducir el uso de empresas fantasma.
Un cambio necesario
Pino Navarrete, experto en Derecho Procesal, aclaró que estas reformas son un engranaje jurídico-fiscal que no solo busca transparencia, sino también desincentivar el lavado de dinero en el país. Sin embargo, advirtió que siempre hay quienes encuentran maneras de eludir la ley. “El Estado ha implementado mecanismos para que si tienes dinero no declarado, no lo puedas usar en la compra de propiedades hasta cierto monto, porque ahora te van a ‘cachar’”, explicó.
La reforma implica que los notarios deben informar al SAT si un cliente realiza operaciones que sumen más de 905,120 pesos. Esto significa que si una persona empieza a adquirir propiedades de 900,000 pesos, en la segunda operación, el notario debe reportar la situación al fisco, lo cual permite detectar irregularidades.
Impacto en el trabajo notarial
Con las nuevas disposiciones, el trabajo de los notarios crecerá considerablemente. La obligación de identificar plenamente a compradores, vendedores y socios de negocios aumentará, lo que implica una necesidad urgente de capacitación y refuerzo en los procesos notariales. “Las obligaciones ya aumentaron, lo que puede incrementar la probabilidad de errores. Si te agarran en un error, las sanciones serán muy elevadas”, destacó Pino Navarrete.
Las tarifas notariales, que no son estandarizadas, deberán ajustarse al trabajo realizado y a la importancia del monto de la operación. Las operaciones de financiamiento y créditos hipotecarios en bancos no son consideradas de alto riesgo, dado que los clientes están bien identificados.
Sin embargo, el riesgo se presenta cuando personas de otros estados realizan operaciones en Yucatán, lo que genera incertidumbre sobre la procedencia de los fondos. Además, todos los políticos, sin importar su rango, deberán ser plenamente identificados en cada operación que realicen.
La reforma también afecta a actividades vulnerables, como la compra-venta de vehículos usados y propiedades. Con el nuevo marco legal, se canalizarán todas las operaciones de riesgo al SAT, y el monto mínimo para reportar es de 905,120 pesos. Todos los involucrados tendrán que demostrar la procedencia lícita de su dinero, ya sea mediante préstamos o cualquier otro concepto.
Pino Navarrete enfatiza que esta medida busca erradicar el uso de prestanombres y empresas fantasmas, además de que las preventas de propiedades ahora estarán bajo un escrutinio más estricto. La reducción del umbral del monto que se considera como alto riesgo, de 16,000 UMAS a 8,000 UMAS, significa que más operaciones serán revisadas.
Por último, es importante mencionar que la reforma no es retroactiva, lo que implica que las nuevas obligaciones se aplicarán a partir de su publicación, y aunque algunos aspectos aún no están claros debido a la rápida aprobación, los notarios deberán adaptarse rápidamente a esta nueva realidad.
Con este panorama, queda claro que la reforma a la Ley Antilavado no solo afecta a los notarios, sino que también impactará a toda la sociedad mexicana, obligando a una mayor transparencia en las operaciones financieras.
