El 27 de agosto de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU vivió un momento crucial que subraya la impotencia de la diplomacia multilateral ante el conflicto en Gaza. Catorce de los quince miembros del organismo más poderoso del mundo calificaron la situación en la región como una “hambruna provocada por el hombre” y exigieron un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la apertura de ayuda humanitaria sin restricciones. Sin embargo, el único voto en contra provino de Estados Unidos, lo que refleja una vez más la polarización en torno a este conflicto.
Un ciclo de resoluciones sin efecto
Las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Gaza se han repetido con la misma frecuencia que las ofensivas militares en la región. En 2009, durante la operación Plomo Fundido, se aprobó la resolución 1860, que pedía un alto el fuego inmediato. Lo mismo ocurrió en 2014, durante la guerra de cincuenta días. Desde el 7 de octubre de 2023, las discusiones han aumentado, pero también los vetos, convirtiendo al Consejo en un campo de batalla donde cada potencia defiende su propia agenda. Las palabras “alto el fuego” se pronuncian en Nueva York mientras los ataques continúan en Gaza y en el sur de Israel, dejando en la población civil una huella de sufrimiento.
La razón principal por la que estas resoluciones no han funcionado es que carecen de un mecanismo coercitivo real. La ONU no tiene poder para imponer sus decisiones en un conflicto donde la asimetría es evidente: Israel controla las fronteras y la logística, mientras que Hamas, aunque debilitado, sigue teniendo capacidad de respuesta. Las decisiones tomadas por los actores involucrados son más importantes que la fuerza de la ley.
El papel de América Latina y el reto de la narrativa humanitaria
El contexto internacional en torno a este conflicto se complica aún más por los intereses nacionales de las potencias que operan con su propia lógica de seguridad y política interna. Sin embargo, la reciente resolución del Consejo de Seguridad tiene un elemento nuevo: no solo pide un alto el fuego, sino que denomina explícitamente el hambre como un arma de guerra. Nombrar la hambruna por su nombre implica abrir la puerta a responsabilidades internacionales, lo que cambia la narrativa habitual.
La postura de países latinoamericanos como Brasil, México, Guyana y Panamá es crucial. Estos países han buscado posicionarse como defensores del derecho internacional y de la urgencia humanitaria frente a la lógica de poder de las grandes naciones. Su voto, aunque no cambia la correlación de fuerzas en Gaza, sí desafía la narrativa diplomática dominante y evidencia que la defensa incondicional de Israel ya no es una posición compartida.
La historia sugiere que la resolución de agosto no será diferente a las anteriores, archivándose rápidamente. Sin embargo, el lenguaje utilizado y la presión acumulada podrían marcar un punto de inflexión. Nombrar la hambruna como un crimen provocado no es solo un gesto retórico, sino una acusación que podría llevar a sanciones e investigaciones internacionales.
La resolución de agosto de 2025, aunque no detenga las bombas de inmediato, es un espejo incómodo para las potencias que deben confrontar sus acciones. Estados Unidos, al rechazar la narrativa de “hambruna provocada”, arriesga su credibilidad como garante del orden internacional. Por su parte, el Consejo de Seguridad, pese a su debilidad, sigue siendo un espacio donde la palabra puede tener un peso significativo en la historia.
En definitiva, el papel de América Latina puede ser fundamental en este escenario, demostrando que el sur global puede liderar con principios en un contexto saturado de intereses estratégicos. La diplomacia, aunque limitada, sigue siendo una herramienta contra la deshumanización. El alto el fuego solicitado en Nueva York puede no lograr detener la guerra, pero establece un marco político y moral que puede influir en el futuro del conflicto.
