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Restituyen restos de siete víctimas del conflicto en Huánuco

Siete víctimas de la violencia política en Perú son restituidas a sus familias tras más de 30 años de espera.

El 28 de agosto de 2023, la Catedral de Huánuco fue el escenario de una emotiva ceremonia donde se restituyeron los restos de siete víctimas del conflicto armado interno en Perú, un proceso que ha esperado más de 30 años para ser concretado. Este evento, cargado de simbolismo y memoria, reunió a familiares, autoridades locales y ciudadanos que se acercaron para rendir homenaje a quienes sufrieron la violencia política entre 1983 y 1994.

Las víctimas y su contexto

Durante la ceremonia, se leyeron los nombres de los desaparecidos, quienes fueron víctimas de distintas atrocidades en localidades de la selva huanuqueña durante los años más oscuros del conflicto. Los restos pertenecen a Graciano Teoteo Modesto Ortiz, Clemente Valdez Noreña, Manuel Huaranga Chamorro, entre otros. Se sabe que Ortiz fue asesinado en 1983 en Pucayacu y enterrado en un monte, mientras que Valdez Noreña fue ejecutado por Sendero Luminoso en 1986 en Castillo Grande.

Esta restitución forma parte del trabajo realizado por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que desde 2019 ha logrado devolver los restos de 67 personas en la región, aunque la magnitud de las desapariciones sigue siendo alarmante. En Huánuco, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas consigna casi 3,000 nombres, con más de 1,000 víctimas aún sin localizar.

El proceso de identificación y restitución

La entrega de estos restos fue acompañada por un proceso interinstitucional que involucra a la Fiscalía de Derechos Humanos, la Cruz Roja, equipos forenses, y el Ministerio de Salud, que brinda soporte psicosocial a los familiares. Este acompañamiento busca aliviar el sufrimiento prolongado de quienes han esperado respuestas durante décadas.

La identificación de los restos puede tardar entre seis meses y un año, debido a que el equipo forense principal opera desde Ayacucho y atiende casos de diversas regiones del país. La Ley N° 30470, aprobada en 2016, garantiza que los deudos reciban apoyo material y psicosocial en todas las etapas del proceso, desde la investigación inicial hasta la entrega final.

A medida que avanza este proceso, las autoridades han reiterado su compromiso de localizar y entregar más restos, para que más familias puedan cerrar un capítulo de dolor y dar sepultura digna a sus seres queridos. La realidad es que, aún hoy, más de 19,000 familias continúan a la espera de encontrar a sus seres queridos desaparecidos entre 1980 y 2000.

Las investigaciones siguen en marcha, y se espera que se realicen nuevas búsquedas. Este esfuerzo colectivo resalta la importancia de la memoria y la justicia en un país que aún enfrenta las secuelas de un violento pasado.

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