En un giro alarmante en el caso de corrupción que involucra al Ministerio del Interior, un testigo protegido ha revelado que Juan José Santivañez, exministro del Interior, habría intervenido para beneficiar a su excliente, el coronel PNP (r) Percy Tenorio, con contratos para la defensa legal de cinco generales acusados por las muertes durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
Intervención directa en contratos
Según la declaración del testigo protegido, que opera bajo la clave 3-2025, Santivañez fue señalado como el “hombre clave” en este entramado de corrupción. Este habría dispuesto que la Defensoría del Policía modificara los términos de referencia de las contrataciones, a pesar de que Tenorio no cumplía con los requisitos establecidos. Cada defensa legal implicaba un desembolso de 200 mil soles, lo que elevaría el total a 1 millón de soles.
“La Defensoría del Policía elaboró unos términos de referencia primigenios solicitando la contratación de un estudio jurídico; sin embargo, el estudio jurídico Tenorio no cumplía con los requisitos”, declaró el testigo, enfatizando la manipulación en el proceso de contratación.
Manipulación de términos de referencia
La investigación ha revelado que los términos de referencia fueron alterados con la intervención de Julissa Lores Muñoz, administradora del estudio de Tenorio, y Marco Palacios, socio de Santivañez. A través de Palacios, se habrían realizado gestiones entre Tenorio y el actual ministro de Justicia, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso.
El testigo protegido también entregó evidencia de una conversación donde Tenorio instruía sobre cómo presentar los términos de referencia en la Defensoría del Policía: “Me dice que prepares los TDR que lleve ayer a la Defensoría del Policía que tiene que estar solo en formato sin datos”, se lee en el mensaje que está bajo la custodia de la Fiscalía.
La trama se complica al indicar que Palacios Meza y Santivañez continuaron coordinando el pago por los servicios de Tenorio incluso después de que este fuera censurado. “Marco Antonio Palacios Meza aún mantiene comunicación con Juan José Santivañez Antúnez y es a través de este último, al tener el cargo como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, que realiza coordinaciones para el pago a Tenorio”, concluyó el testigo.
Este caso de corrupción no solo pone en jaque la integridad del Ministerio del Interior, sino que también expone las conexiones peligrosas entre altos funcionarios y el uso indebido de recursos públicos, una situación que requiere atención inmediata por parte de las autoridades.
