La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido una disculpa pública por los casos de violencia sexual que afectaron a 18 menores en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Este acto se realiza en cumplimiento de una sentencia judicial que obliga a la dependencia a reconocer su actuación irregular y a implementar medidas de reparación y no repetición.
Reconocimiento de la falta de seguridad
Durante la ceremonia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, admitió que las autoridades no garantizaron un entorno seguro para los estudiantes en el periodo de 2018. Reconoció la valentía de las víctimas y sus familias, quienes durante siete años exigieron justicia, apoyados por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).
Los abusos ocurrieron entre agosto y octubre de 2018, cuando al menos 18 menores fueron víctimas de abuso sexual por parte de personal del jardín. El proceso judicial culminó en diciembre de 2021, cuando un trabajador del plantel fue condenado a 494 años de prisión por sus delitos. Un juez identificó un patrón de violencia sexual sistemática y ordenó la reparación integral del daño a las víctimas.
Medidas de prevención y reparación
Como parte de las medidas implementadas, la SEP ha decidido destinar el 8 de septiembre de cada ciclo escolar para llevar a cabo actividades de prevención de abuso sexual en todas las escuelas de educación básica en el país, tanto públicas como privadas. Además, se creará un registro público de agresores sexuales para evitar su contratación en el sistema educativo, y se facilitará la consulta sobre la plantilla de trabajadores en cada plantel.
La SEP también ha establecido una mesa de trabajo con participación de padres de familia y organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a los acuerdos y acciones institucionales. En paralelo, se emitieron lineamientos específicos para la detección oportuna de casos de abuso y se anunció la agilización de la entrega de becas a los menores afectados, en cumplimiento de la sentencia.
Las familias afectadas han solicitado transparencia en el proceso de reparación y exigen garantías de que hechos similares no se repitan en ninguna escuela de México. La sentencia judicial establece la obligación de destinar un día del ciclo escolar para la prevención de conductas abusivas, un paso fundamental hacia la protección de la infancia en el país.
