La justicia colombiana ha dado un fuerte revés a la reforma agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro, al anular la venta de la finca La América, ubicada en Chimichagua, Cesar. Esta decisión fue tomada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que determinó que la operación era ilegal debido a que el predio estaba bajo embargo desde 2023, lo que convierte la transacción en nula de pleno derecho.
La finca había sido entregada a más de cien familias campesinas en noviembre de 2024 por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Este acto fue presentado como un hito en el acceso a tierras para comunidades rurales, pero ahora, tras el fallo, el terreno regresará al Fondo de Reparación de Víctimas, lo que podría abrir la puerta a investigaciones sobre las entidades involucradas en la negociación.
Un pasado complicado
La finca La América, que cuenta con 1,453 hectáreas y está valorada en más de 26,000 millones de pesos, se encuentra en la vereda Perete, corregimiento de Mandinguilla. El 23 de noviembre de 2024, Gustavo Petro y el director de la ANT, Felipe Harman, entregaron simbólicamente el terreno a organizaciones campesinas que buscaban impulsar proyectos agroalimentarios en la región de la ciénaga de Zapatosa.
No obstante, este logro del Gobierno tenía un trasfondo judicial complicado. En marzo de 2023, la Fiscalía había solicitado medidas cautelares sobre el predio, argumentando que pertenecía a personas vinculadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Jaime Blanco Maya y Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, quienes fueron condenados por concierto para delinquir.
Conflicto de intereses y argumentos
A pesar de las restricciones, en enero de 2025, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) procedió a transferir la finca a la ANT mediante un proceso de “enajenación temprana”. En ese mismo periodo, la familia Rodríguez Pavajeau reclamaba derechos de propiedad y pedía el levantamiento de las medidas cautelares.
Durante las audiencias, la Fiscalía argumentó que la operación se llevó a cabo sin la autorización judicial necesaria, lo que la hacía inválida. “La enajenación resulta inoponible al proceso de Justicia y Paz; es decir, no produce efectos legales”, señaló un delegado. La Procuraduría respaldó esta postura, indicando que la venta carecía de sustento legal.
Por otro lado, la Uariv defendió la transacción, afirmando que se realizó conforme a las normas que regulan la administración de bienes afectados por el conflicto. Sin embargo, el tribunal determinó que esta defensa no era válida, ya que la norma citada había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional.
Finalmente, el tribunal subrayó que un bien embargado solo puede ser enajenado con autorización expresa de un juez, lo que no ocurrió en este caso. La finca La América queda ahora bajo la administración de la Uariv mientras se define su futuro, y la decisión abre la puerta a posibles investigaciones por posibles responsabilidades legales en la negociación.
