El expresidente Martín Vizcarra rompió su silencio antes de ser trasladado al penal Ancón II en Huaral, afirmando que su reclusión es el resultado de una “decisión política” y no de criterios legales. En declaraciones exclusivas a RPP, cuestionó el proceso judicial que enfrenta y denunció la falta de justificación para su traslado desde el penal de Barbadillo.
Denuncias de arbitrariedad
Vizcarra subrayó que tanto la prisión preventiva como su traslado carecen de fundamento técnico, sosteniendo que las juntas calificadoras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) habían recomendado mantenerlo en Barbadillo. “Estoy aquí por una decisión política, no por criterios técnicos”, afirmó con firmeza.
El exmandatario también reveló que la presidenta de la segunda junta calificadora le deseó “una buena estadía en Barbadillo”, lo que consideró como un indicio de que las decisiones estaban influenciadas por órdenes de niveles superiores. “Si se decidía otra cosa, era porque había una decisión política”, reiteró.
La rapidez con la que se formó una segunda junta evaluadora le pareció sospechosa. La primera reunión se realizó el 14 de agosto y recomendó su permanencia en Barbadillo, pero una semana después, el 20 de agosto, se convocó una segunda junta con el mismo propósito. “Es raro que quieran calificar a una persona en menos de una semana”, cuestionó.
Críticas a la prisión preventiva
El exjefe de Estado criticó la orden de prisión preventiva emitida el 13 de agosto, argumentando que carece de sustento legal. “Dicen que vivo solo y que no tengo vínculos, pero tengo esposa, hija y nietos. Es un argumento sin justificación legal que vulnera mis derechos humanos”, expresó con indignación.
Vizcarra recordó que fue llevado al penal de Barbadillo el 14 de agosto y que, aunque cumplió con las normas del penal, se vio obligado a alzar la voz ante lo que considera abusos y arbitrariedades. “He sido absolutamente respetuoso de todas las normas, pero frente a estos abusos, me veo obligado a hablar”, agregó.
Las afirmaciones de Vizcarra contrastan con el comunicado del INPE, que aseguró no hubo interferencia política en las decisiones sobre su ubicación. Sin embargo, el exmandatario se mantuvo firme en su versión, señalando que su traslado a Ancón II contradice las recomendaciones técnicas de ambas juntas evaluadoras.
El caso ha generado una controversia pública, poniendo en el centro del debate el uso de la prisión preventiva y el manejo de decisiones penitenciarias en el país. Mientras Vizcarra denuncia una intencionalidad política, el INPE sostiene que sus decisiones están enmarcadas dentro de la normativa vigente.
