La tensión entre la defensa de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el gobierno mexicano ha escalado considerablemente en las últimas horas. Jeffrey Lichtman, abogado del acusado, no ha escatimado en críticas hacia la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras las declaraciones que hizo después de la audiencia de culpabilidad de su cliente.
Lichtman ha calificado las palabras de Sheinbaum como una falta de responsabilidad, sugiriendo que su postura podría estar más alineada con la de un cártel que con la de un gobierno que busca la justicia. Durante una conferencia de prensa, el abogado expresó su descontento con la forma en que la administración de la ciudad ha manejado el caso, argumentando que se ha convertido en un espectáculo político.
Las declaraciones de la presidenta se produjeron tras la audiencia en la que Guzmán se declaró culpable de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas. En ese contexto, Sheinbaum afirmó que “la justicia debe prevalecer” y que el crimen organizado no debe tener cabida en la sociedad. Sin embargo, Lichtman interpretó estas palabras como un intento de desviar la atención de la opinión pública, algo que considera irresponsable y peligroso.
“Es sorprendente que una figura pública como la presidenta de la Ciudad de México se exprese de esa manera. No se puede permitir que un funcionario actúe como el brazo de un cártel y, al mismo tiempo, pretenda ser un símbolo de justicia”, sostuvo Lichtman, quien también ha sido un crítico abierto de cómo se han manejado las políticas de seguridad en el país.
El caso de Ovidio Guzmán ha atraído la atención internacional no solo por su conexión con uno de los criminales más notorios del mundo, sino también por las implicaciones que tiene sobre el gobierno mexicano y su lucha contra el narcotráfico. A medida que el juicio avanza, la defensa de Guzmán se enfrenta a un desafío considerable, sobre todo en un ambiente donde las percepciones de corrupción y complicidad son frecuentes.
La controversia se agrava por la complejidad del sistema judicial mexicano, donde muchos cuestionan la imparcialidad de las autoridades. Lichtman ha afirmado que su cliente podría ser víctima de un proceso sesgado, en el que las decisiones parecen estar influenciadas por factores externos más que por la evidencia presentada en el tribunal.
Con una historia familiar marcada por la violencia y el crimen organizado, Ovidio ha estado en el centro del debate sobre la estrategia del gobierno para combatir el narcotráfico. La administración de Sheinbaum ha enfrentado críticas por su enfoque, que algunos consideran más eficaz para la propaganda que para la resolución real de los problemas de seguridad que aquejan a México.
En este contexto, las palabras de Lichtman resaltan una preocupación mayor: la posibilidad de que el sistema judicial se utilice como un instrumento político. La defensa de Guzmán no solo busca impugnar las acusaciones en su contra, sino también exponer lo que considera un uso indebido del poder por parte del gobierno.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centrará no solo en el destino de Ovidio Guzmán, sino también en el impacto que este caso tendrá sobre las políticas de seguridad y justicia en México. Las acciones de la presidenta Sheinbaum y sus respuestas a las acusaciones de Lichtman serán cruciales en el camino hacia una resolución que podría influir en la percepción pública sobre la lucha del país contra el narcotráfico.
