TEPEAPULCO, Hgo.- Un reciente amparo ha sido promovido por el abogado Oscar Castillo Hernández con el objetivo de que las autoridades del Centro de Servicios Integrales (CeSI) realicen las adecuaciones necesarias en sus instalaciones para garantizar el acceso a las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. Esta acción legal busca no solo cumplir con los derechos de este grupo, sino también con lo estipulado en la Constitución Política Mexicana y diversas leyes de protección a los derechos humanos.
El amparo, cuyo número es 1562/2025, fue otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. Castillo Hernández argumentó que las instalaciones del CeSI, al igual que otras agencias del Ministerio Público en la entidad, carecen de rampas y elevadores, lo que limita severamente el acceso a la justicia. En particular, mencionó que el elevador dentro del CeSI está fuera de servicio y que no existen rampas para acceder al segundo piso, donde se encuentra la Unidad de Diversos 1.
La situación se vuelve aún más crítica en lugares como la Visitaduría General en Pachuca de Soto y varias agencias del Ministerio Público en los Distritos de Pachuca de Soto, Mixquiahuala de Juárez, Ciudad Sahagún y Jacala de Ledezma, donde las condiciones de accesibilidad son deficientes. Esta falta de infraestructura adecuada no solo afecta a quienes buscan justicia, sino que también impide a los defensores legales presentar querellas en nombre de sus clientes, creando una brecha en la igualdad de acceso a la justicia.
Castillo Hernández enfatizó que es vital que las autoridades implementen las medidas necesarias para garantizar el acceso digno a las instalaciones judiciales. Este amparo no solo representa un paso hacia la justicia equitativa, sino que también es un llamado a la acción para que se tomen en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos, sin discriminación por discapacidad.
El abogado también destacó que la falta de adecuaciones en el CeSI y otras instituciones es una omisión grave de las responsabilidades que tienen los organismos encargados de impartir justicia. Al respecto, afirmó: “El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todos, sin excepciones. Las autoridades tienen la obligación de asegurar que las instalaciones sean accesibles y funcionales para las personas con discapacidad”.
Este amparo representa un avance significativo en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en México, y pone de manifiesto la necesidad de que las instituciones se adapten para ser inclusivas. La espera por un acceso adecuado a la justicia no debería ser un obstáculo para quienes buscan hacer valer sus derechos, y es imperativo que se actúe con rapidez para remediar esta situación.
La resolución de este amparo podría sentar un precedente importante no solo en Hidalgo, sino en todo el país, impulsando a otras entidades a revisar y mejorar sus instalaciones. El abogado Castillo Hernández concluyó señalando que “es momento de que todos los ciudadanos, independientemente de su condición, puedan ejercer su derecho a la justicia de manera plena y digna”.
Con esta acción, se espera que las autoridades tomen en serio la implementación de cambios necesarios, asegurando que las personas con discapacidad puedan acceder no solo a los servicios de justicia, sino también a un trato equitativo en todas las instancias públicas.
