La noche del 9 de julio, el alcalde de San Isidro, Francisco Martínez, fue secuestrado y posteriormente asesinado en un violento acto que ha sacudido a la comunidad hondureña. La policía nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del funcionario, quien fue encontrado acribillado cerca de un campo de fútbol en Siguatepeque, una localidad situada a aproximadamente 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Martínez, de 45 años, se encontraba en plena campaña electoral, aspirando a la reelección en los comicios programados para el 30 de noviembre, donde se elegirán un nuevo presidente, miembros del Congreso y autoridades municipales. El alcalde pertenecía al Partido Nacional de Honduras, una organización política que, tras la confirmación de su muerte, emitió un acuerdo de duelo y decretó tres días de luto por su fallecimiento. “Francisco Martínez Domínguez fue un ser humano excepcional, un alcalde especial y un gran nacionalista”, expresó el Comité Central del partido.
En 2015, Martínez había sido detenido por su posible vinculación con la muerte de un joven que supuestamente mantenía una relación sentimental con una de sus hijas. Sin embargo, el alcalde fue absuelto en 2016, según informaron medios locales.
El comisionado de policía, Miguel Martínez, anunció que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon este crimen. A pesar de los esfuerzos por mantener la seguridad en el país, Honduras sigue lidiando con altas tasas de violencia, en gran parte impulsadas por el narcotráfico y las pandillas.
Aunque la tasa de homicidios ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, el país continúa siendo uno de los más violentos de América Latina. Según datos de Insight Crime, en 2011, Honduras registró 68.5 homicidios por cada 100,000 habitantes; esta cifra se redujo a 25.3 en 2024. Sin embargo, sigue siendo alarmantemente alta, superando en cuatro veces el promedio mundial de 6.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, según estimaciones de la ONU.
Las autoridades aún no han determinado si el asesinato de Martínez está relacionado con su actividad política o si es obra de grupos delictivos organizados, lo que añade un grado de incertidumbre a un panorama ya complejo. La violencia política en el país ha dejado una estela de miedo entre los funcionarios y la población en general, lo que podría influir en el clima electoral de las próximas semanas.
Este trágico evento resalta la urgente necesidad de abordar la inseguridad y la violencia que afectan a Honduras, un país que, a pesar de sus esfuerzos por mejorar, sigue enfrentando desafíos significativos en materia de gobernabilidad y seguridad. La comunidad nacional e internacional observa con preocupación, esperando que se tomen medidas efectivas para proteger a aquellos que se dedican al servicio público.
