La administración de Estados Unidos ha decidido expandir las operaciones contra migrantes en Chicago, aumentando la presencia de agentes federales en la tercera ciudad más grande del país. La secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Kristi Noem, confirmó esta decisión durante una aparición en Face the Nation de CBS News, aunque no proporcionó detalles específicos sobre el número de oficiales que se desplegarán.
Operaciones migratorias y respuesta del gobernador
Según medios internacionales, la semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional solicitó apoyo logístico limitado a la Estación Naval Great Lakes, ubicada a unos 56 kilómetros al norte de Chicago, para respaldar estas operaciones. Noem mencionó que han estado llevando a cabo operaciones en colaboración con ICE en la ciudad, pero que ahora tienen la intención de agregar más recursos.
El presidente Donald Trump ha criticado al gobernador de Illinois, JB Pritzker, advirtiéndole en redes sociales que debe resolver los problemas de criminalidad en Chicago “o vamos a intervenir”. Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión, tras el reciente envío de elementos de la Guardia Nacional a Washington, D.C., para abordar la alta criminalidad en esa ciudad.
Reacciones ante la intervención federal
Pritzker, en una entrevista, sugirió que los planes de Trump para movilizar fuerzas federales en Chicago podrían estar relacionados con un intento de “detener las elecciones en 2026 o, francamente, tomar el control de esas elecciones”. Tanto el gobernador como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han rechazado la movilización federal, argumentando que el crimen ha disminuido en la ciudad. Johnson incluso firmó una orden que prohíbe al Departamento de Policía de Chicago colaborar con las autoridades federales en la aplicación de la ley de inmigración.
Chicago alberga una considerable población migrante y tanto la ciudad como el estado de Illinois tienen algunas de las normas más estrictas del país en cuanto a la cooperación con las iniciativas de inmigración del gobierno federal, lo que ha generado un conflicto constante con la administración de Trump. La situación actual podría desencadenar una batalla legal si se lleva a cabo la intervención federal, lo que pone en el centro del debate la seguridad y los derechos de los migrantes.
