La Comisión Europea ha presentado una propuesta para restringir las ventajas comerciales y congelar las ayudas económicas a Israel como respuesta a la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza. A pesar de esta situación, los canales comerciales entre ambas partes permanecerán abiertos.
Se estima que el impacto de las medidas podría afectar hasta el 37% de las exportaciones israelíes a la Unión Europea, representando aproximadamente 5.800 millones de euros. Además, se prevé una recaudación adicional de 227 millones de euros en aranceles en el transcurso de un año, según cifras presentadas por Bruselas.
El paquete de medidas incluye la suspensión de ciertas disposiciones preferenciales del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, anunciado este miércoles. Esta propuesta incluye la reinstauración de barreras arancelarias y la suspensión de fondos, sin embargo, se descarta una interrupción total del comercio.
Para que estas acciones entren en vigor, se requiere el apoyo de una mayoría cualificada de los Estados miembros. En una rueda de prensa en Bruselas, la Alta Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que la ofensiva militar israelí en Gaza ha intensificado la emergencia humanitaria en la región. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la situación de “inaceptable”.
Kallas enfatizó que el propósito de las sanciones no es dañar a Israel, sino colaborar para que la crisis humanitaria en Gaza deje de ser “insostenible”. El plan también contempla la suspensión de todas las ventajas para el comercio de bienes y servicios entre la UE e Israel, aunque no afectará el flujo de capitales, permitiendo que las actividades comerciales continúen.
Aparte de las medidas comerciales, la Comisión ha propuesto sanciones específicas dirigidas a miembros del gobierno israelí. Kaja Kallas mencionó a Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, y a Itamar Ben Gvir, titular de Seguridad Nacional, quienes ya están sujetos a sanciones individuales impuestas por algunos países de la Unión, incluyendo España.
Las sanciones incluyen la congelación de activos, la prohibición de acceso a fondos europeos y la denegación de entrada al bloque comunitario. El paquete sancionador también abarca a colonos israelíes acusados de comportamientos violentos y a varios dirigentes de Hamas localizados en Gaza y Cisjordania.
Las medidas propuestas incluyen la suspensión temporal de la ayuda bilateral a Israel, lo que implica la retención de cerca de 6 millones de euros planeados para 2025, además de la suspensión de contratos individuales de proyectos en curso que suman 14,14 millones de euros entre 2020 y 2024.
A diferencia de las iniciativas comerciales, la interrupción de fondos puede ser implementada únicamente por el Ejecutivo comunitario, sin requerir la aprobación previa de los Estados miembros. Esto refuerza la capacidad de Bruselas para actuar de manera autónoma en materia de cooperación financiera bilateral mientras se mantiene el diálogo en el ámbito comercial.
La propuesta ha recibido críticas desde Israel, que antes del anuncio oficial envió una carta a Ursula von der Leyen acusándola de “mala fe” y de alterar el procedimiento normativo por motivos políticos. Las autoridades israelíes señalaron un supuesto incumplimiento del deber de consulta establecido en el Acuerdo de Asociación.
Fuentes de la Comisión han indicado que Bruselas continúa “cumpliendo las reglas del juego” y notificará formalmente las medidas en el consejo de asociación una vez que se obtenga la aprobación necesaria de los Estados miembros. Los portavoces comunitarios han subrayado que el proceso exige mantener abiertos los canales de diálogo con Israel, incluso mientras se discute el paquete de medidas.
