El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, ha lanzado una fuerte crítica hacia el gobierno de México, acusándolo de una “constante intervención” en los asuntos internos de Perú desde diciembre de 2022. En una entrevista con Canal N, de Zela cuestionó la postura adoptada tanto por el actual gobierno mexicano como por el anterior, señalando que ambas administraciones han creado una “realidad paralela” que no refleja la situación actual en Perú.
El canciller peruano enfatizó que la posición de México es “equivocada” y carece de fundamento, sosteniendo que no se ajusta a la realidad del país andino. “Consideramos que es una posición que no responde a lo que está ocurriendo realmente en Perú”, afirmó de Zela.
Sus declaraciones se producen en un contexto de controversia relacionada con el asilo político concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de rebelión y conspiración tras el fallido golpe de estado del ex presidente Pedro Castillo. Al ser consultado sobre la posibilidad de negar el salvoconducto diplomático que permitiría a Chávez salir de Perú, de Zela indicó que actualmente se está evaluando la situación. “He pedido un estudio jurídico a fondo antes de responder sobre el salvoconducto”, explicó.
De Zela calificó la decisión del gobierno mexicano de otorgar protección diplomática a Chávez como un “acto inamistoso”, argumentando que infringe principios de soberanía y no injerencia. Este conflicto ha tensado las relaciones bilaterales entre Perú y México, que han estado marcadas por desacuerdos desde la destitución de Castillo. El entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los primeros en desconocer al gobierno de Dina Boluarte, manteniendo una postura crítica hacia las decisiones del Congreso y del sistema judicial peruano.
De Zela añadió que esta línea crítica se ha mantenido bajo la actual administración mexicana, lo que ha llevado a un deterioro progresivo de las relaciones diplomáticas. El asilo de Chávez se ha convertido en un punto de quiebre; tras su ingreso a la embajada mexicana en Lima, la Cancillería peruana anunció la ruptura formal de relaciones diplomáticas y ordenó el retiro del personal diplomático de ambos países.
El gobierno peruano justificó su decisión en defensa de la soberanía y el respeto al derecho internacional, argumentando que Chávez enfrenta un proceso judicial ordinario y no una persecución política, tal como sostiene su defensa. En respuesta, la administración de Claudia Sheinbaum rechazó la decisión de Perú, defendiendo su accionar como un “acto legítimo y apegado al derecho internacional”.
