Un ciudadano jamaicano, deportado previamente a Esuatini por el gobierno de Donald Trump, ha sido repatriado a su país de origen después de pasar dos meses en detención. El inmigrante, identificado como Orville Isaac Etoria, fue enviado a Esuatini en julio y su regreso a Jamaica se concretó el pasado domingo.
Según un comunicado emitido por el gobierno de Esuatini, Etoria fue recibido de manera cálida por sus familiares al llegar a su patria. Este traslado se realizó por decisión propia del deportado.
Etoria fue uno de los cinco inmigrantes que el gobierno estadounidense deportó a Esuatini como parte de una estrategia contra la inmigración ilegal. Los otros cuatro inmigrantes, que provienen de Cuba, Laos, Vietnam y Yemen, continúan detenidos mientras se gestiona su repatriación.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. había argumentado que estos inmigrantes eran “tan singularmente bárbaros que sus propios países no los aceptan de regreso”. En el caso de Etoria, se mencionó que había sido condenado por asesinato y había cumplido una pena de 25 años antes de su liberación. Sin embargo, el gobierno de Esuatini rechazó la afirmación de que los países de origen se negaran a recibir a estos inmigrantes, indicando que había habido gestiones diplomáticas para facilitar su retorno.
Los críticos de esta práctica argumentan que deportar a personas a países donde no tienen vínculos busca infundir temor y presionar a otros inmigrantes a optar por la “autodeportación”. Esta situación no es aislada y refleja una tendencia más amplia en la política migratoria de Estados Unidos.
Casos similares han suscitado controversia internacional. Por ejemplo, en 2019, Estados Unidos firmó acuerdos de “tercer país seguro” con Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que permitió el envío de migrantes centroamericanos a naciones donde no eran ciudadanos. En 2020, inmigrantes africanos de Camerún y la República Democrática del Congo fueron enviados a Nicaragua y Uganda, mientras que en Israel, solicitantes de asilo de Sudán y Eritrea fueron deportados a Ruanda y Uganda, generando críticas de organismos de derechos humanos.
Estos antecedentesdemuestran cómo algunos gobiernos utilizan acuerdos bilaterales o decisiones unilaterales para desplazar a migrantes considerados indeseables hacia otros países, dejándolos en un limbo legal y expuestos a posibles violaciones de derechos humanos.
