El diputado Suárez ha presentado un análisis crítico del paquete económico anual, describiéndolo como optimista en ingresos pero con un control rígido en los gastos, lo que trae consigo preocupaciones sobre la creciente deuda pública. Durante su exposición, comparó la situación del Estado mexicano con la economía familiar: se evalúan ingresos, se priorizan gastos y, cuando hay déficit, se recurre al crédito.
Un panorama desalentador
El legislador destacó que, al revisar los indicadores enviados por la Secretaría de Hacienda, el desempeño económico del país no es alentador. El crecimiento económico, el empleo formal, el consumo y la inversión están por debajo de los niveles que se registraron entre 2000 y 2018. En cuanto a la producción petrolera, mencionó que la estimación de 1.8 millones de barriles diarios para 2026 contrasta marcadamente con los actuales 1.6 millones.
La deuda pública ha aumentado considerablemente, proyectándose en un alarmante 52.4% del PIB. Suárez comparó las proyecciones del gobierno con las del sector privado para 2026, donde las expectativas de crecimiento se sitúan en 1.3% frente al 1.8-2.8% del gobierno, y la inflación se prevé mayor, con un 3.7% comparado con el 3% oficial, en adición a un tipo de cambio más elevado, que pasará de 19 a 20 pesos por dólar.
Compromisos y retos en el gasto
El paquete económico presenta un 75% del gasto comprometido en pensiones, deuda y transferencias, dejando solo un 25% discrecional para subsidios energéticos, nómina y gasto militar, incluyendo recursos para Mexicana de Aviación. El diputado Jiménez Olmo se refirió a este presupuesto de aproximadamente 113 billones de pesos como la “ley de la cobijita”, resaltando que gran parte se destina al pago de deudas y sueldos.
El crecimiento del 3% en transferencias federales a estados y municipios no compensa la disminución real del 10% que provocará la inflación de 2025, impactando directamente en los servicios básicos. Suárez cuestionó la postura del gobierno de no aumentar impuestos mientras que el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) se eleva significativamente en bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos violentos, supuestamente en beneficio de la Secretaría de Salud.
El legislador enfatizó que esta propuesta del IEPS es más recaudatoria que de salud, con un incremento de casi el 100% en la recaudación por bebidas azucaradas, y la inclusión de bebidas con edulcorantes no calóricos, promovidas por organizaciones internacionales. Resaltó que el paquete no destina específicamente estos fondos a salud, generando un margen de discrecionalidad preocupante.
Además, Suárez mencionó que el gobierno no ha realizado inversiones significativas en el sector salud, con un crecimiento de solo el 5% en este ámbito. La fusión de programas para combatir la obesidad y diabetes implica un recorte en su atención, lo que refleja una falta de inversión prioritaria.
El diputado también hizo hincapié en que el 3% del presupuesto se destina a áreas que realmente preocupan a la ciudadanía, como agua, bacheo y carreteras, mientras que se ha registrado una disminución del 17% en el presupuesto para seguridad. Consideró que el paquete económico no se alinea con las necesidades más urgentes de la población, más allá de las promesas electorales.
Durante la sesión, Jiménez Olmo preguntó a Suárez si había encontrado apoyo en el partido de gobierno, Morena, respecto a sus críticas. Suárez respondió que, antes de los mecanismos oficiales de discusión, ha escuchado preocupaciones de algunos miembros de Morena sobre indicadores de consumo, crecimiento y empleo, y expresó su intención de transmitir esas inquietudes al gobierno federal, pues “la realidad nos va a alcanzar”.
Finalmente, pronosticó que el gobierno tendrá dos opciones: implementar una reforma fiscal integral para satisfacer las demandas sociales o incrementar aún más la deuda. Subrayó que el nivel de endeudamiento es “escandaloso”, al duplicarse en pocos años. En 2018, cada mexicano debía 70,000 pesos al Estado, cifra que ascenderá a 115,000 pesos para 2026. Suárez cuestionó la eficacia de las inversiones: si el dinero no se utiliza de manera productiva, los programas sociales no podrán existir.
