El Rey Felipe VI recibió este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un encuentro que ocurre solamente dos días antes del inicio del año judicial, un evento marcado por la controversia. La presencia del fiscal, quien enfrenta múltiples acusaciones que podrían llevarlo al banquillo, añade tensión a la ceremonia que se celebrará en el Tribunal Supremo.
Durante el saludo protocolario, ambos se mostraron serios, conscientes del trasfondo de la reunión. García Ortiz entregó la memoria de la Fiscalía General, un documento que resume la delincuencia y criminalidad del último año en España. Sin embargo, el contexto no es propicio, ya que el fiscal enfrenta la sombra de seis acusaciones populares que exigen penas de prisión de entre cuatro y seis años y de inhabilitación de entre cuatro y doce años.
Controversias que rodean al fiscal general
Las acusaciones se centran en un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Instituciones como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias y Vox son algunas de las que han solicitado su procesamiento, lo cual ha generado un clima de tensión en la justicia española.
A pesar de esta situación, García Ortiz llega respaldado por el Gobierno, que ha defendido su inocencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista en TVE que no se pueden abrir juicios sin pruebas contundentes y subrayó que la supuesta filtración no ha sido probada. Sánchez también insinuó que se trata de un caso de corrupción que afecta a figuras relevantes de la política madrileña.
El acto institucional y la respuesta del sistema judicial
El acto del viernes, que marca el inicio del curso judicial, será un momento clave para observar cómo se desarrollan los acontecimientos en torno al fiscal general. La declaración de Sánchez ha generado reacciones entre los magistrados, quienes sienten que sus palabras pueden deslegitimar su trabajo. Es evidente que la situación ha puesto en entredicho no solo la figura de García Ortiz, sino también la confianza en la institución judicial.
Queda por ver cómo se desarrollará este año judicial, marcado por la polémica y el escrutinio público, en un país donde la justicia y la política a menudo se entrelazan de manera compleja. La relación entre el Ejecutivo y el poder judicial será un tema a seguir de cerca en los próximos meses.
