La interceptación de la “Flotilla de la Libertad” por parte de Israel se ha sumado a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía española sobre las posibles violaciones de derechos humanos en Gaza, que podrían constituir crímenes contra la humanidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Israel que respete los derechos de los activistas que se encontraban a bordo de esta embarcación humanitaria.
En un comunicado emitido el jueves, el Ministerio Público español informó que ha decidido recabar información sobre las circunstancias de la interceptación de unas veinte embarcaciones de la flotilla, que se produjo en las últimas horas. Esta acción forma parte de las diligencias de investigación que se iniciaron el 18 de septiembre, con el objetivo de preservar fuentes de prueba y colaborar con tribunales internacionales en su análisis de las posibles violaciones de derechos humanos por parte del ejército israelí en Gaza.
La Fiscalía ha señalado que las diligencias tienen como finalidad determinar el alcance de los hechos y las circunstancias en las que se produjeron, solicitando detalles sobre el pabellón de los barcos, las coordenadas marítimas del incidente, la nacionalidad de los pasajeros, la naturaleza de la expedición y el cargamento, así como la posible asistencia consular brindada a los ciudadanos españoles.
El presidente Pedro Sánchez ha reiterado su demanda a Israel para que respete los derechos de los activistas, advirtiendo que se estudiará si el ejército israelí violó la legalidad internacional. Además, los socios del Ejecutivo han solicitado una respuesta más contundente ante esta situación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha identificado a 65 activistas españoles que formaban parte de la flotilla, aunque no ha proporcionado información sobre los detenidos, que se estima en una cifra que podría alcanzar aproximadamente a una treintena. Entre ellos se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, según ha confirmado el equipo legal de la flotilla.
Se anticipa que estos activistas podrían ser acusados de ingresar ilegalmente en el país y que enfrentarían una expulsión en un plazo de 72 horas, tal como ha sido el protocolo en situaciones anteriores. La investigación de la Fiscalía se inició a solicitud de la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, tras recibir un informe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, que contenía hechos que podrían constituir crímenes contra la comunidad internacional atribuibles al ejército israelí en la Franja de Gaza.
La Fiscalía ha destacado la existencia de dos procedimientos en curso ante tribunales internacionales, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los cuales España tiene la obligación de colaborar de acuerdo a las leyes y tratados internacionales que ha suscrito.
