La Justicia argentina ha dado un paso significativo al procesar al expresidente Alberto Fernández por presuntos actos de corrupción durante su mandato, que se extendió desde 2019 hasta 2023. Este jueves, el juez Sebastián Casanello emitió su fallo, acusando a Fernández de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Esta figura delictiva en el Código Penal argentino conlleva penas de prisión que oscilan entre uno y seis años, así como la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
El caso gira en torno a la contratación de seguros desde el Estado, específicamente relacionados con un decreto que habría beneficiado a Héctor Martínez Sosa, el esposo de María Cantero, quien se desempeñaba como secretaria privada del exmandatario. Según la investigación, un decreto firmado por Fernández en 2021 favoreció a la empresa Nación Seguros, permitiendo que los organismos públicos contrataran sus servicios, lo que generó una serie de irregularidades.
El juez Casanello, además de procesar a Fernández, también ha incluido a otras 33 personas en el mismo caso. En su resolución, se destacó que Cantero fue procesada por negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, mientras que Martínez Sosa fue considerado un “partícipe necesario” del delito. Por su parte, Alberto Pagliano, exjefe de Nación Seguros, enfrenta cargos de administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
El procesamiento de Fernández se basa en una denuncia penal interpuesta por la abogada Silvina Martínez en febrero de 2024. En su acusación, se señalaba que el ex presidente había violado sus deberes como funcionario, abusó de su autoridad y malversó caudales públicos. La denuncia solicitó investigar las irregularidades relacionadas con el decreto 831, que Fernández firmó en diciembre de 2021, el cual obligaba a todos los organismos públicos a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, levantando sospechas de que amigos cercanos al exmandatario habrían actuado como intermediarios, obteniendo así comisiones millonarias.
Como parte de las medidas cautelares, el juez Casanello también embargó a Fernández por un monto de 14.634.220.283 pesos, equivalentes a aproximadamente 11.653.771 dólares. Esta acción subraya la gravedad de las acusaciones y el compromiso del sistema judicial argentino de investigar a fondo las denuncias de corrupción en el ámbito gubernamental.
El caso ha captado la atención no solo del público argentino, sino también de la comunidad internacional, en un contexto donde la lucha contra la corrupción sigue siendo un tema candente en América Latina. A medida que avanza el proceso judicial, se espera que surjan más detalles sobre las implicaciones de estas acusaciones y su posible impacto en la esfera política del país.
La situación de Fernández refleja un momento crítico para la política argentina, donde la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública son más relevantes que nunca. A medida que el proceso judicial se desarrolla, muchos observadores estarán atentos a la reacción del ex presidente y su defensa ante estas serias acusaciones.
