Washington.- En un giro sorprendente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha triplicado su presupuesto anual, pasando de un modesto financiamiento a una asignación de $45 mil millones. Este incremento se produce en un contexto de creciente presión para intensificar las deportaciones, lo que ha llevado a la agencia a apresurarse en la expansión de su infraestructura de detención, optando por estructuras temporales similares a tiendas de campaña.
Según un informe de The Wall Street Journal, funcionarios de la administración de Donald Trump han identificado la falta de espacio en los centros de detención como un obstáculo crucial que limita la capacidad de realizar deportaciones a la escala prometida por el presidente. Con este nuevo presupuesto, ICE espera alcanzar un total de 100 mil camas para finales de año, un notable aumento respecto a las aproximadamente 40 mil disponibles cuando Trump asumió el cargo.
El plan para la expansión de ICE ha sido detallado en documentos internos revisados por el medio estadounidense, que también destaca la preferencia de altos funcionarios de Seguridad Nacional por instalaciones gestionadas por estados y gobiernos locales republicanos, en lugar de depender de empresas penitenciarias privadas. Entre los lugares prioritarios para la construcción de estas nuevas instalaciones se encuentra un sitio de 5 mil camas en Fort Bliss, Texas, así como otros en Colorado, Indiana y Nueva Jersey.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha manifestado su interés en adoptar modelos de colaboración con diversos estados. “Hemos tenido otros estados que están utilizando Alligator Alcatraz como modelo para asociarse con nosotros”, mencionó Noem durante una rueda de prensa en Florida, aunque no proporcionó detalles sobre qué estados están involucrados.
Este enfoque ha generado críticas y preocupaciones en torno a la seguridad y las condiciones de estos nuevos campamentos temporales. La implementación de estructuras de detención en bases militares y cárceles del ICE ha suscitado interrogantes sobre la adecuación y el bienestar de los inmigrantes que serán alojados en estas instalaciones. A pesar de las advertencias, la administración parece decidida a avanzar rápidamente con sus planes.
La situación en la frontera sur de Estados Unidos continúa siendo un tema candente, con un constante incremento en el flujo de migrantes en busca de asilo y oportunidades. Con la nueva política de ICE, se espera que la administración de Trump intensifique sus esfuerzos para contener este fenómeno, aunque el enfoque en la construcción rápida de campamentos temporales plantea dudas sobre la efectividad y el impacto en los derechos humanos.
Con el trasfondo de estos acontecimientos, el debate sobre la política migratoria estadounidense se ha reavivado, generando reacciones diversas entre defensores de los derechos humanos y sectores que apoyan un endurecimiento de las medidas de control migratorio. En medio de este panorama, la implementación de estos nuevos campamentos temporales podría marcar un cambio significativo en la gestión de la crisis migratoria en el país.
