El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reactivado un contrato de $2 millones con la empresa de software espía israelí Paragon, un acuerdo que había sido suspendido por el gobierno del expresidente Joe Biden el año pasado. Esta reactivación fue oficializada el pasado sábado, según una actualización publicada en el Sistema Federal de Datos de Adquisiciones.
La suspensión inicial del contrato, ordenada apenas 11 días después de su firma en septiembre de 2024, se debió a que el acuerdo podría haber violado una orden ejecutiva de Biden que prohibía el uso de software espía comercial que representara riesgos para la seguridad nacional. Lo curioso es que la situación ha cambiado con la reciente adquisición de Paragon por AE Industrial Partners, un grupo inversor con sede en Florida, que se fusionó con la firma de ciberinteligencia REDLattice.
Cambio de propiedad y sus implicaciones
La reactivación del contrato con ICE ha sido interpretada como una consecuencia directa de este cambio de propiedad. Organizaciones como el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos han criticado esta decisión, señalando que es un “paso atrás” en el compromiso de evitar trabajar con empresas de software espía que están vinculadas a abusos de derechos humanos.
El software de Paragon, conocido como Graphite, ha estado en el centro de varias controversias. En enero, la empresa Meta reportó que este programa fue utilizado para atacar a alrededor de 90 usuarios de WhatsApp, incluyendo a periodistas y activistas, principalmente en Europa. Esta violación de privacidad llevó al gobierno de Italia, cliente de la empresa, a poner fin a su relación contractual tras un escándalo público.
Riesgos tecnológicos y advertencias de expertos
Expertos como John Scott-Railton, del Citizen Lab, advierten que el software de Paragon puede comprometer un dispositivo sin la intervención del usuario, permitiendo un acceso encubierto a aplicaciones de mensajería cifradas. Esto plantea serias preocupaciones no solo sobre la seguridad de los datos, sino sobre las implicaciones éticas de su uso por parte de agencias gubernamentales.
La realidad es que el regreso a este tipo de contratos refleja un cambio en la postura del gobierno estadounidense hacia la vigilancia y el control de información, algo que no solo afecta a los ciudadanos estadounidenses, sino que también tiene repercusiones a nivel internacional, especialmente en un mundo donde la privacidad digital es cada vez más vulnerada.
