La transformación del sistema judicial en materia laboral en la Ciudad de México enfrenta importantes obstáculos. En este contexto, la titular del Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales, Claudia Celis García, ha señalado que las y los jueces deben lidiar con diversos “vicios” heredados del modelo anterior. Estos problemas incluyen desde fraudes procesales hasta prácticas de subcontratación, conocidas como outsourcing, que continúan afectando la justicia laboral.
La magistrada, bajo la dirección del magistrado Rafael Guerra Álvarez, ha manifestado su preocupación por el estado actual de los derechos laborales en el país. A pesar de los avances logrados desde la implementación de la nueva justicia laboral en octubre de 2022, aún persisten desafíos significativos que requieren atención urgente. A menudo, los trabajadores se encuentran en la informalidad, incluyendo a migrantes que buscan oportunidades laborales en México.
Celis García destacó que la visión de derechos humanos que guía las decisiones del PJCDMX es fundamental para el correcto funcionamiento de la justicia laboral. “Todas las decisiones que se toman llevan inmersa la aplicación de los mismos”, afirmó, lo cual subraya la importancia de garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados y protegidos.
Uno de los problemas más preocupantes que identificó la jueza es el fraude procesal. Este fenómeno se manifiesta en diversas formas, como la alteración de firmas por parte de los empleadores para probar una renuncia que, en realidad, es un despido injustificado. Además, Celis García mencionó la práctica común de obligar a los empleados a firmar renuncias anticipadas como condición para acceder a un empleo, lo que plantea serias preocupaciones sobre la legalidad y ética de tales acciones.
En cuanto a la subcontratación de personal, la magistrada advirtió que esta práctica, a pesar de estar prohibida por la legislación actual, sigue presente en el mercado laboral. “Nuestro trabajo consiste en levantar ese velo y vincular a todos los posibles empleadores, estableciendo así una obligación solidaria frente al trabajador”, explicó Celis García. Esta labor es crucial para asegurar que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados por estructuras laborales opacas.
Otro aspecto que la jueza ha criticado es la calidad del desempeño de algunos abogados postulantes en el ámbito laboral. Aunque no se trata de una generalización, observó que hay una “deficiencia” en su preparación y conocimientos. Por ello, hizo un llamado a la necesidad de trabajar en conjunto con estos profesionales para fomentar su formación y concienciación sobre la importancia de la oralidad en los juicios laborales.
El papel de los juzgadores, según Celis García, es clave para avanzar en la defensa de los derechos laborales en un entorno que sigue enfrentando las secuelas del modelo anterior. La implementación de una justicia laboral más justa y equitativa exigirá no solo cambios legislativos, sino también un compromiso real de todos los actores involucrados, incluidos los empleadores y los abogados.
A medida que el sistema judicial se adapta a las nuevas realidades del trabajo en México, la voz de magistrados como Claudia Celis García se vuelve esencial para señalar los problemas persistentes y proponer soluciones. Si bien el camino hacia una justicia laboral efectiva es complejo, la magistrada enfatiza que es imperativo seguir luchando por los derechos de las y los trabajadores, especialmente aquellos que se encuentran más vulnerables en el mercado laboral.
