El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado una nueva y alarmante modalidad de represión en Nicaragua: la detención simultánea de familias enteras. Según un informe de la red ciudadana Monitoreo Azul y Blanco, al menos siete núcleos familiares han sido apresados en redadas recientes, las cuales han tenido lugar sin orden judicial ni explicación alguna.
Claudia Pineda, vocera de Monitoreo Azul y Blanco, señala que esta táctica busca infundir un mayor temor en la población. “La captura de familias completas genera un mayor nivel de temor en la ciudadanía”, afirma. Esta estrategia de represión no es nueva en el contexto de regímenes autoritarios, donde las familias son convertidas en rehenes para presionar a los perseguidos políticos.
Uno de los casos más destacados es el de la familia Brenes Martínez, donde el coronel en retiro del Ejército Popular Sandinista, Carlos Brenes Sánchez, y su esposa Salvadora Martínez, fueron capturados en su finca el 15 de agosto sin ninguna justificación. Desde entonces, ambos han sido reportados como desaparecidos.
Otro caso es el del pastor evangélico Rudy Palacios Vargas, quien fue detenido junto a cuatro familiares en Carazo el 17 de julio. Desde su arresto, la familia ha buscado respuestas en diferentes lugares, incluyendo cárceles y hospitales, sin éxito. La salud de algunos de los detenidos es crítica, lo que agrava aún más la situación.
Además, el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero fue arrestado el 14 de mayo bajo circunstancias similares, siendo condenado a 20 años de prisión sin derecho a defensa. Su familia ha estado en la oscuridad respecto a su paradero desde su captura.
La situación se vuelve más grave cuando se considera que la represión no se limita a los opositores políticos, sino que también se extiende a familiares de aquellos que han sido arrestados previamente. Este patrón de culpabilidad por asociación se asemeja a las tácticas utilizadas en otros regímenes autoritarios en el mundo.
Según Monitoreo Azul y Blanco, hay actualmente 33 personas en desaparición forzada tras estas redadas, lo que evidencia una sistemática violación a los derechos humanos en el país. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado estas acciones como parte de una política represiva que busca silenciar toda disidencia.
El uso de la detención familiar como método de intimidación se ha documentado en otros países como Corea del Norte y China, donde la culpa se extiende a través de la sangre. Este tipo de represión busca desincentivar la disidencia, al hacer que los individuos piensen en las consecuencias que sus acciones pueden tener sobre sus seres queridos.
Las redadas recientes en Nicaragua han dejado a muchas familias en el limbo, sin información oficial sobre sus parientes y con el temor constante de ser los próximos en ser arrestados. El régimen de Ortega y Murillo continúa su avance en la represión, dejando un rastro de angustia y desesperación en la población.
