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Luis Martínez, exfiscal salvadoreño, condenado a 10 años de cárcel

Luis Martínez fue sentenciado por fabricar procesos falsos y omitir investigaciones en El Salvador.

Fotografía de archivo en la que se captó al exfiscal general de El Salvador entre 2012 y 2015, Luis Martínez (c), al ser conducido por autoridades, en San Salvador. EFE/Rodrigo Sura

Luis Martínez, exfiscal general de El Salvador entre 2012 y 2015, ha sido condenado a diez años de prisión por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación. La sentencia fue anunciada este viernes por la Fiscalía de El Salvador, que detalló que Martínez, junto a otros implicados, fabricó falsos procesos en contra de una víctima.

Detalles del caso y condenas adicionales

La investigación reveló que, además de Martínez, el exempleado de la Fiscalía Julio Adalberto Arriaza González y Héctor Francisco Grimaldi también enfrentaron condenas, recibiendo cinco y seis años de cárcel, respectivamente. Este caso se suma a un historial penal complicado para el exfiscal, quien ya había sido condenado en diciembre de 2018 a cinco años de prisión y a pagar 125 mil dólares por responsabilidad civil, tras revelar grabaciones reservadas utilizadas como prueba en un proceso contra un sacerdote español.

En diciembre de 2024, Martínez fue nuevamente condenado, esta vez en un proceso civil por enriquecimiento ilícito, al captar aproximadamente 71 mil dólares. Este cúmulo de delitos ha puesto en jaque su carrera y reputación.

Implicaciones y acusaciones de corrupción

La Fiscalía también ha acusado a Martínez de recibir sobornos del expresidente Mauricio Funes, quien gobernó de 2009 a 2014 y falleció en enero de este año en el exilio en Nicaragua. En este caso, denominado ‘Corruptela’, el exfiscal enfrenta cargos serios que incluyen omisión de la investigación, lavado de dinero, peculado, falsedad documental, negociaciones ilícitas, cohecho propio y falsedad ideológica.

La realidad es que las condenas a figuras del gobierno anterior reflejan la lucha de El Salvador contra la corrupción, aunque muchos críticos sostienen que estos esfuerzos deben ir acompañados de una reforma integral del sistema judicial para garantizar la justicia efectiva y prevenir nuevos abusos.

Con esta sentencia, se espera que se envíe un mensaje claro sobre la tolerancia cero hacia la corrupción en el país, aunque queda pendiente ver cómo se desarrollarán las apelaciones y el impacto en futuros casos relacionados.

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