Tula de Allende, Hidalgo. La reciente decisión del Tribunal Administrativo ha generado un importante eco en la comunidad política y ambientalista de México. Este tribunal ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) realizar una investigación exhaustiva sobre la termoeléctrica de Tula, un tema que ha suscitado preocupaciones por su impacto ambiental y en la salud de los habitantes de la región.
El Partido Movimiento Ciudadano en Hidalgo celebró esta medida, considerando que representa un avance significativo en su lucha por la justicia ambiental. A través de sus redes sociales, el partido expresó: “En Movimiento Ciudadano Hidalgo no bajamos la voz ni los brazos cuando se trata de defender lo que es justo”. Esta declaración subraya el compromiso del partido con la causa, que ha estado en el centro de sus actividades desde hace tres años, cuando se presentó una denuncia por los daños causados por la termoeléctrica.
Desde su inicio, la denuncia ha centrado su atención en el uso de combustóleo por parte de la planta, en lugar de gas natural, tal como lo estipulan las normativas ambientales. Esto ha levantado serias preocupaciones sobre la calidad del aire y la salud de los residentes en Tula y el Valle de México. La situación ha sido agravada por un histórico desinterés de las autoridades para abordar estas irregularidades, lo que llevó a los miembros de Movimiento Ciudadano a intensificar sus esfuerzos para que la denuncia fuera considerada.
El partido naranja resalta que esta orden judicial es un signo de que la lucha por la justicia ambiental está dando frutos. “Esto no es sólo una victoria para Movimiento Ciudadano. Es una victoria para todas y todos los que creemos en un México nuevo”, afirmaron, recordando que su denuncia no ha sido en vano. “Hace tres años denunciamos un crimen contra el medioambiente; la termoeléctrica de Tula. Nos cerraron el caso, pero no dejamos de luchar”, agregaron.
El ex candidato a la Presidencia de la República, Jorge Máynez, también se pronunció al respecto, afirmando que el tribunal ha dado un plazo de cuatro meses para que la PROFEPA presente los resultados de su investigación. “Hace cinco años denunciamos la contaminación, la PROFEPA se negó a actuar. Hoy el Tribunal la obliga a hacerlo”, expresó. Esta declaración refleja la frustración acumulada por años de inacción ante un problema que afecta directamente a la salud pública y al medio ambiente.
La orden del Tribunal no solo implica un cambio en la actitud de las autoridades hacia el caso, sino que también representa una oportunidad para que la comunidad se involucre en la defensa de su entorno. La presión ejercida por los ciudadanos y organizaciones ambientales ha sido clave para poner en la agenda pública la situación de la termoeléctrica, que ha estado en el centro de un debate más amplio sobre la sostenibilidad y la política ambiental en México.
La respuesta de la PROFEPA y la SEMARNAT a esta orden será crucial. Se espera que la investigación no solo aborde las denuncias sobre el uso de combustóleo, sino que también evalúe otros aspectos operativos y de cumplimiento normativo que podrían estar afectando el ecosistema local. En un país donde la defensa del medio ambiente enfrenta múltiples obstáculos, esta acción podría marcar el inicio de un cambio significativo en la forma en que se gestionan los recursos naturales y se protegen los derechos de los ciudadanos.
La comunidad de Tula y sus alrededores permanece atenta a los próximos pasos que tomarán las autoridades. La entrega de los resultados de la investigación, programada para noviembre, será un momento decisivo que podría influir en futuras políticas ambientales y en la salud pública de la región. Con la esperanza de que esta vez la justicia prevalezca, habitantes y activistas esperan un compromiso real y efectivo por parte de las autoridades ambientales.
