Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, se prepara para declararse culpable de varios delitos graves en una audiencia programada para el 11 de julio de 2025 a las 11:00 horas en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago. Ante la jueza Sharon Johnson Coleman, Guzmán aceptará culpabilidad por narcotráfico, lavado de dinero y posesión ilegal de armas. Este paso marca un giro significativo en su proceso judicial, que ha captado la atención tanto de las autoridades estadounidenses como de las mexicanas.
De acuerdo con documentos judiciales, Guzmán, de 35 años y hijo del infame Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, firmó un acuerdo con la Fiscalía el 30 de junio de 2025. Este acuerdo se basa en la Regla 20 del Código Federal de Procedimientos Penales de Estados Unidos, la cual permite la transferencia de casos entre distritos cuando el acusado opta por declararse culpable. Con esta decisión, “El Ratón” ha renunciado al juicio que enfrentaba en el Distrito Sur de Nueva York, buscando así concentrar su defensa en Illinois.
El proceso en el que se encuentra inmerso Guzmán López es de gran relevancia, no solo por su relación familiar con el líder del Cartel de Sinaloa, sino también por las implicaciones que tiene. En su caso, se le imputan cinco cargos en el Distrito Norte de Illinois: conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en Estados Unidos; operar una empresa criminal continua; importación, fabricación y distribución de drogas; conspiración de lavado de dinero ilegal; y posesión de arma de fuego. Además, enfrenta cargos en el Distrito Sur de Nueva York por su vinculación con el tráfico de fentanilo y uso de armas.
Desde el 15 de septiembre de 2023, Guzmán se encuentra recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, tras ser extraditado desde México. Su número de recluso en el Buró Federal de Prisiones es 72884-748. Esta no es la primera vez que el hijo de “El Chapo” es arrestado; su primera captura se produjo el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, aunque fue liberado debido a la controversia que generaron los enfrentamientos violentos que se desataron en esa ocasión, conocido como “El Culiacanazo”. Posteriormente, fue detenido nuevamente el 5 de enero de 2023, también en Culiacán.
El impacto de este proceso judicial se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo comentarios sobre el caso, indicando que si Guzmán López decidiera hacer imputaciones contra personas en México, el Gobierno estadounidense tendría que presentar pruebas ante la Fiscalía General de la República. Esto subraya la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado.
En un contexto más amplio, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, mencionó que se revisaría el marco legal en materia de extradición y cooperación internacional. La intención es evaluar la reciprocidad en los procesos judiciales entre ambos países, lo que podría tener repercusiones en cómo se manejan estos casos en el futuro.
Por otro lado, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, expresó su preocupación sobre el hecho de que Guzmán López pudiera obtener beneficios por su negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recordó que durante la operación que resultó en su captura, se perdió la vida de elementos del Ejército Mexicano, lo que añade una capa de complejidad emocional y política a la situación.
Este caso es un claro ejemplo de las tensiones y complicaciones que surgen en la lucha contra el narcotráfico, donde las decisiones legales no solo afectan a individuos, sino que también tocan las estructuras de poder y las relaciones entre naciones. A medida que se aproxima la audiencia en Chicago, todos los ojos estarán puestos en el desarrollo de este proceso que promete revelar más sobre las dinámicas del crimen organizado en la región.
