La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha decidido tomar acciones legales contra el abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, tras una serie de declaraciones que consideró ofensivas y difamatorias. Durante una conferencia de prensa matutina, Sheinbaum anunció que su administración presentará una demanda por difamación en el país, en respuesta a los comentarios del abogado, quien calificó de «absurda» la postura del Gobierno mexicano en relación con el acuerdo de culpabilidad del hijo de ‘El Chapo’ en Estados Unidos.
La controversia se intensificó el viernes, cuando Ovidio Guzmán se declaró culpable en una corte de Chicago por cuatro cargos, comprometiéndose a colaborar con las autoridades norteamericanas proporcionando información sobre el Cártel de Sinaloa. Este giro en el caso desató una serie de críticas por parte de Lichtman, quien acusó a las autoridades mexicanas de ignorar a otros actores del narcotráfico que operan bajo su protección.
En su respuesta, la mandataria subrayó que su administración no establece «relaciones de contubernio ni complicidad con nadie», reafirmando el compromiso de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Sheinbaum enfatizó que no tolerará ninguna insinuación que dé a entender lo contrario, lo que motivó su decisión de llevar el caso ante los tribunales.
El abogado Jeffrey Lichtman, conocido por representar a varios criminales de alto perfil, ha sido objeto de controversias en el pasado, pero su reciente ataque verbal hacia el Gobierno mexicano ha llevado la situación a un nuevo nivel. En su defensa, Lichtman argumenta que su intención era resaltar la falta de acción del Gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico, sugiriendo que la administración no está enfocándose en los verdaderos problemas que enfrenta el país.
La tensión entre el Gobierno de Sheinbaum y la defensa de Ovidio Guzmán es un reflejo de la compleja y tensa relación que existe entre las autoridades mexicanas y los cárteles de la droga. A medida que el proceso judicial avanza en Estados Unidos, las repercusiones en México son cada vez más palpables, generando un debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad y la justicia en el país.
El anuncio de la demanda por difamación ha captado la atención no solo de los medios de comunicación nacionales, sino también de la opinión pública, que sigue de cerca el desarrollo de este caso que involucra a uno de los narcotraficantes más notorios de la historia reciente de México. La administración de Sheinbaum se enfrenta ahora a un desafío considerable mientras intenta equilibrar la lucha contra el narcotráfico con la necesidad de mantener la legitimidad y la confianza de la ciudadanía.
En este contexto, la presidenta ha insistido en que su Gobierno continuará trabajando para erradicar la corrupción y el crimen organizado, aunque el camino por delante parece estar lleno de obstáculos, tanto legales como políticos. La presentación de esta demanda no solo busca proteger la imagen del Gobierno, sino también enviar un mensaje claro sobre la postura del Estado mexicano frente a las acusaciones y las maniobras de defensa de figuras involucradas en el narcotráfico.
