El Tribunal Constitucional de Perú ha decidido suspender todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que finalice su mandato en julio de 2026. Esta medida se toma tras una demanda presentada por el Gobierno peruano, argumentando que las indagaciones en su contra no están respaldadas por lo estipulado en el artículo 117 de la Constitución.
La corte ha determinado que los presidentes solo pueden ser acusados de traición a la patria, por impedir elecciones, disolver el Congreso o interrumpir su funcionamiento, así como el de los organismos electorales. La decisión establece que las investigaciones suspendidas continuarán su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial, tal como fue informado por la emisora RPP.
Implicaciones de la Decisión Judicial
El Tribunal ha señalado que tanto el Ministerio Público como el poder judicial han menoscabado el “marco competencial” de la presidenta, excediéndose en sus funciones al llevar a cabo diligencias en su contra. Boluarte enfrenta investigaciones por cohecho en el caso de los relojes de lujo Rolex no declarados y por las protestas antigubernamentales que estallaron tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo.
La actual mandataria, quien fue la ‘número dos’ de Castillo, asumió el liderazgo del país andino en un contexto de tensiones sociales, donde las protestas se saldaron con más de 60 muertos y miles de heridos debido a la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre política y social en Perú, que se ve ahora influenciado por la decisión del máximo tribunal del país.
Reacciones a la Suspensión
La medida ha generado reacciones diversas entre la ciudadanía y los analistas políticos. Algunos consideran que esta decisión refuerza la impunidad en la política peruana, mientras que otros argumentan que es un respiro para la presidenta en un periodo crítico de su gestión. La realidad es que la situación en Perú sigue siendo delicada, y la administración de Boluarte enfrenta un reto monumental para mantener la estabilidad en medio de un panorama de creciente descontento social.
En resumen, la suspensión de las investigaciones contra Dina Boluarte marca un capítulo significativo en la política peruana, con implicaciones directas para la gobernabilidad del país. La atención ahora se centra en cómo este fallo impactará la dinámica política y social en el país andino en los próximos años.
