Las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar tropas a Chicago y otras ciudades gobernadas por la oposición demócrata han encendido las alarmas. Expertos legales advierten sobre un posible abuso de poder que podría derivarse de esta acción militar.
Operativos y presencia militar
Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó dos operativos en Chicago y Boston, donde se ha reportado un notable aumento de agentes federales, especialmente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En una entrevista con CNN, Tom Homan, asesor de Trump y conocido como el “zar” de la frontera, anunció que se desplegará a la Guardia Nacional en varias ciudades “santuario” que protegen a la comunidad migrante.
Si estos planes se llevan a cabo, Chicago y Boston se convertirían en la tercera y cuarta ciudad, después de Los Ángeles y Washington D.C., en recibir tropas federales en menos de ocho meses de mandato de Trump. El presidente también ha puesto su mirada en otras metrópolis como Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland.
Cuestionamientos legales sobre la militarización
Juristas han expresado serias preocupaciones sobre la legalidad de desplegar fuerzas militares en ciudades en contra de la voluntad de las autoridades locales. Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, argumentó que “el despliegue de tropas para ocupar ciudades no puede promover plausiblemente el orden público. Es una fuerza bruta, una maniobra de poder brutal que va en contra de la Constitución y del papel adecuado de los estados”.
El Gobierno ya enfrenta una demanda tras el envío de tropas, incluidos marines, a California durante las protestas contra su política migratoria en junio. Un juez federal dictó una resolución que declara “ilegal” ese despliegue, prohibiendo al Pentágono utilizar soldados en tareas de la policía local. El juez Charles Breyer acusó a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de intentar crear “una fuerza policial nacional liderada por el presidente”. Sin embargo, esta decisión solo tiene validez en California, debido a limitaciones impuestas por el Tribunal Supremo.
Además, el fallo establece que el Gobierno violó el Posse Comitatus Act, que prohíbe a las tropas federales involucrarse en labores de seguridad pública, salvo en casos específicos, como la Ley de Insurrección. Esta ley permite al presidente enviar militares a otros estados si los gobiernos locales lo piden o si es necesario para hacer cumplir la ley federal.
En el caso de Los Ángeles, el Ejecutivo argumentó que las protestas obstaculizaban la aplicación de las leyes migratorias. Sin embargo, Liza Gotein, experta en poderes presidenciales del Brennan Center, señala que el Gobierno ahora argumenta que debe desplegar efectivos en Chicago y otras ciudades para combatir el crimen, un tema que debería ser competencia local. “Inundar de soldados las ciudades demócratas con el pretexto de combatir la delincuencia sería un abuso de poder sin precedentes que violaría los derechos de los estados”, afirmó Gotein.
Alternativas para el despliegue militar
La administración de Trump parece buscar alternativas para evadir obstáculos legales, considerando solicitar que otros estados envíen efectivos de su propia Guardia Nacional. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, denunció que el Gobierno enviará a la Guardia Nacional de Texas a Illinois, aunque este último no ha confirmado la información. Para ello, el Gobierno se apoyaría en una disposición poco conocida del código federal que permite al presidente o al secretario de defensa solicitar tropas de la Guardia Nacional para apoyar misiones federales, manteniéndose bajo control estatal.
Steve Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, advierte que esta decisión podría violar el artículo IV de la Constitución, que protege la soberanía de los estados. Esto abriría la posibilidad de que el Gobierno de Illinois acudiera al Supremo para intentar impedir o detener un despliegue militar en su territorio.
