La situación en la Franja de Gaza ha alcanzado niveles alarmantes tras una reciente ofensiva militar israelí que dejó al menos 41 palestinos muertos en un solo día de bombardeos. Desde el inicio de las operaciones bélicas en octubre de 2023, más de 58 mil 600 personas han perdido la vida, aumentando así la crisis humanitaria que sacude esta región. Los ataques han impactado diversas áreas del enclave, incrementando el sufrimiento de una población ya gravemente afectada.
Organizaciones internacionales han denunciado que la mayoría de las víctimas son civiles, incluyendo mujeres y niños, lo que ha generado un llamado a la acción. En este contexto, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) ha instado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar las denuncias sobre el uso de misiles no tripulados que estarían equipados con clavos, presuntamente utilizados por el ejército israelí. Nihad Awad, director ejecutivo de CAIR, declaró que atacar a civiles con armas diseñadas para maximizar daños representa una violación del derecho internacional humanitario.
Medios de comunicación como Al Jazeera han reportado casos de niños palestinos que han sido hospitalizados con heridas provocadas por metralla, lo que subraya la naturaleza devastadora de los ataques. A medida que la situación se agrava, las voces que piden justicia y protección para la población civil se hacen más fuertes.
En medio de este caos, David Barnea, jefe del Mossad, viajó a Washington para reunirse con representantes del gobierno de Donald Trump. Los expertos sugieren que el objetivo de esta visita es obtener apoyo para la expulsión de 600 mil palestinos de Gaza, una acción que muchos califican como limpieza étnica. Además, se ha informado que Israel planea establecer lo que la ONU ha denominado un “campo de concentración” en Rafah, al sur de Gaza, donde cientos de miles de palestinos podrían ser confinados sin posibilidad de salida.
Las restricciones impuestas por Israel a la ayuda humanitaria han añadido otra capa de dificultad. Farhan Haq, vocero adjunto de la ONU, indicó que solo se han permitido el ingreso de 14 camiones de combustible en las últimas dos semanas, lo que equivale a unos 55 mil litros diarios. Esta cantidad es claramente insuficiente para mantener los hospitales, el suministro de agua y otros servicios básicos en Gaza. Desde el 9 de julio, la ONU ha enviado 600 mil litros de diésel a través del cruce de Kerem Shalom, pero las restricciones continúan agravando la crisis humanitaria.
El Papa León XIV ha expresado su preocupación por el impacto de los ataques en civiles y lugares de culto. En una conversación reciente con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el pontífice solicitó la reanudación de negociaciones para alcanzar un alto al fuego. Netanyahu, por su parte, atribuyó el ataque a una iglesia católica en Gaza a un “proyectil desviado” y expresó su pesar por el incidente.
La crisis en Gaza sigue deteriorándose, con cifras alarmantes de muertos, restricciones severas a la ayuda humanitaria y crecientes denuncias de violaciones al derecho internacional. Mientras las autoridades israelíes justifican sus acciones como medidas de seguridad, organismos internacionales exigen investigaciones y soluciones urgentes para proteger a la población civil que se encuentra atrapada en este conflicto devastador.
