La alcaldesa reelecta de Tlahuapan, Rosiceli Díaz Hernández, ha tomado una decisión que ha generado controversia al aumentar su salario en un asombroso 119%, pasando de 25,201 pesos brutos a 54,891 pesos brutos. Este incremento no solo es notable por su magnitud, sino que también contrasta con los sueldos de otros alcaldes de la región que han decidido mantener sus salarios, como es el caso de Roberto Solís Valles de Huejotzingo y Juan Manuel Alonso de San Martín Texmelucan.
Un aumento escandaloso en medio de la crisis
Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, el salario neto de Díaz Hernández ha pasado de 19,999 pesos a 43,884 pesos, lo que representa un aumento neto de 23,885 pesos. Esto la coloca como la alcaldesa con el mayor aumento salarial entre sus pares reelectos, un hecho que llama la atención en un contexto donde muchos municipios enfrentan serios problemas de inseguridad y falta de recursos.
Por su parte, otros ediles como José Gregorio Ojeda Ojeda de San Salvador El Verde también han reflejado incrementos en sus salarios, aunque en menor medida. Ojeda Ojeda pasó de 36,490 pesos brutos a 41,250 pesos brutos, un aumento de 4,760 pesos brutos. En contraste, el alcalde de San Felipe Teotlalcingo, Néstor Cortés González, reportó un salario de 20,716 pesos brutos, pero no ha transparentado su salario anterior.
Problemas en Tlahuapan y la falta de transparencia
Es importante señalar que el municipio de Tlahuapan enfrenta serios problemas de inseguridad, con solo 12 policías por turno, lo que resulta preocupante para la población. En San Salvador El Verde, se han registrado recientes ejecuciones, lo que pone de manifiesto la urgencia de una mejor administración y recursos para la seguridad pública.
La información sobre los salarios de los funcionarios municipales, que fue publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, resalta la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. A medida que los ciudadanos exigen más claridad en las acciones de sus representantes, el aumento de Díaz Hernández se convierte en un punto focal de discusión y crítica.
La realidad es que mientras algunos alcaldes optan por mantener sus salarios, otros, como Díaz, parecen priorizar su bienestar económico en lugar de atender las necesidades urgentes de sus comunidades. Este aumento desmedido no solo es cuestionable, sino que también plantea serias interrogantes sobre la ética y responsabilidad de los funcionarios públicos en México.
