La reciente anulación de la elección de Salvador López como comisario ejidal en Chachapa ha dejado en un estado de incertidumbre más de mil 700 trámites relacionados con derechos patrimoniales. Esta situación se debe a la decisión del Tribunal Unitario Agrario, que invalidó la asamblea donde fue electo hace tres años, lo que genera preocupaciones sobre las afectaciones a los labriegos de la comunidad.
Ejidatarios de Chachapa, una junta auxiliar de Amozoc, han denunciado que Salvador López actuó de manera ilegal al ejercer funciones como comisario a pesar de que su elección fue impugnada y posteriormente invalidada por los tribunales agrarios. Según testimonios de los afectados, López ganó la elección en 2022, pero el ejidatario Gordian Sombrerero impugnó el proceso, lo que condujo a un juicio agrario y un amparo federal.
A pesar de no contar con la autorización legal para desempeñar su cargo, López presidió asambleas, firmó actas y otorgó constancias, cobrando por estos servicios montos que oscilan entre 5,000 y 80,000 pesos por minuta. Los denunciantes estiman que la actuación irregular de este exrepresentante ha dejado sin validez más de mil 700 documentos emitidos entre 2022 y 2025.
La sentencia del Tribunal Unitario Agrario anuló la asamblea debido a la falta de cumplimiento con los requisitos legales necesarios para validar su nombramiento. Con esta resolución, todos los documentos generados durante su gestión carecen de validez jurídica.
Los campesinos han señalado que, a pesar de la impugnación, el visitador agrario de la Procuraduría Agraria en la región no tomó medidas para impedir ni reportar las actividades de López, lo que ha sido interpretado por los afectados como un acto de grave omisión y complicidad institucional. La Delegación de la Procuraduría Agraria en Puebla tampoco suspendió al funcionario ni inició ninguna investigación, lo que permitió que el fraude se prolongara.
Ante esta problemática, los ejidatarios afectados han exigido públicamente la devolución del dinero que López cobró indebidamente. Además, han solicitado que la Procuraduría Agraria se pronuncie sobre la reparación del daño causado. También han demandado que en la nueva elección de presidente del Comisariado Ejidal de Chachapa, programada para el 11 de octubre, se permita la participación de los perjudicados, quienes buscan una solución legal y transparente a este conflicto agrario.
