La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado serias deficiencias en la administración de recursos del Poder Judicial de la Federación (PJF) durante el ejercicio 2024, identificando irregularidades que suman más de 323 millones de pesos. Estas anomalías se relacionan principalmente con el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran pagos sin justificación a diversas empresas dedicadas a servicios de limpieza, seguridad privada, tecnología y arrendamiento inmobiliario. La falta de documentación que respalde los servicios prestados ha generado dudas sobre la correcta ejecución de estos contratos.
Según la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, ambas instituciones del PJF fueron sometidas a auditorías forenses centradas en la revisión de adquisiciones y servicios contratados. La ASF encontró que se realizaron pagos sin la documentación adecuada, así como la ausencia de servicios verificados y omisiones sistemáticas en la imposición de sanciones a proveedores incumplidos.
En lo que respecta al extinto CJF, se identificaron gastos por 272.4 millones de pesos que carecían de la comprobación necesaria. Estos gastos estaban relacionados con contrataciones de empresas de limpieza, seguridad, mantenimiento, arrendamiento e informática que operaban sin la supervisión requerida. Algunos de los proveedores mencionados incluyen a Eos Limpieza S. de R.L. de C.V., Seguridad Privada Integral Macotela, Asesores y Consultores en Tecnología, Inmobiliaria DNI y Microsoft México, entre otros. Sin embargo, no se presentó documentación que acreditara efectivamente los servicios realizados ni informes de verificación en campo.
Adicionalmente, la ASF documentó graves omisiones en el control de contratos vigentes, así como la falta de aplicación de sanciones a proveedores que no cumplieron con los términos acordados. Se detectaron también firmas falsas o ausentes en las cédulas de verificación de servicios, lo que evidencia deficiencias en los controles internos.
Ante la magnitud de las irregularidades encontradas, la ASF ha emitido 11 recomendaciones para reforzar los controles internos, así como 11 pliegos de observaciones por montos específicos no aclarados. También se han promovido 11 responsabilidades administrativas contra los servidores públicos involucrados y se ha solicitado el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ante posibles irregularidades tributarias.
En el caso del TEPJF, la auditoría reveló observaciones por 51.3 millones de pesos, principalmente por pagos a proveedores sin evidencia tangible de los servicios realizados o la documentación administrativa que justificara esos gastos según la normativa aplicable. La ASF indicó que el Tribunal pagó por servicios de limpieza, jardinería, seguridad privada, licenciamiento de software, cursos de capacitación y servicios médicos especializados sin contar con constancias de recepción satisfactoria o listas de asistencia que validaran la capacitación.
También se encontraron pagos duplicados en algunas partidas o gastos sin la validación previa de las áreas responsables de la supervisión contractual.
Este informe pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de contratación y gestión de recursos en el Poder Judicial, para garantizar la transparencia y el correcto uso del erario público.
