El 9 de septiembre de 2023, la Cámara de Diputados de México aprobó de manera unánime una reforma crucial que permitirá la persecución del delito de extorsión sin necesidad de denuncia previa. Este avance legislativo otorga facultades al Congreso de la Unión para crear una ley general que unifique el tipo penal de extorsión y sus respectivas sanciones a nivel nacional.
Detalles de la Reforma
Con un contundente total de 474 votos a favor, la reforma modifica el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política. La nueva legislación busca establecer, en un plazo de 180 días tras su entrada en vigor, la Ley General contra la Extorsión, que definirá los tipos penales y mecanismos de atención para las víctimas y testigos.
La presidenta de la Comisión de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha impulsado esta reforma como una medida prioritaria, reconociendo el impacto devastador que la extorsión tiene en la vida de los mexicanos. La extorsión, catalogada como un delito de “alto impacto”, ha crecido alarmantemente en los últimos años, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y al entorno socioeconómico del país.
Estadísticas Alarmantes
Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en los primeros seis meses de 2025 se registraron al menos 5,887 víctimas oficiales de extorsión. Este delito se ha convertido en el tercero más frecuente en México, con un incremento promedio del 8% anual. Más sorprendente aún es que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncia, lo que evidencia el miedo y la desconfianza que sienten las víctimas.
El diputado Leonel Godoy Rangel, de Morena, subrayó la necesidad de esta reforma, señalando que las extorsiones han aumentado de un promedio diario de 19 en 2018 a 29 en enero de 2025, lo que representa un alarmante incremento del 58% en seis años. La reforma busca atacar este problema de raíz, transformando la extorsión en un delito que se persiga de oficio, más allá de lo patrimonial.
Es importante recordar que la última vez que se tipificó la extorsión en el Código Penal Federal fue en 1984, y desde entonces, el delito ha evolucionado considerablemente, incorporando nuevas tecnologías y tácticas del crimen organizado. Sin embargo, la normativa actual resulta insuficiente para enfrentar la magnitud de este problema, ya que cada entidad tiene sus propias sanciones y tipificaciones, dificultando las acciones en contra de la extorsión.
Una vez que el Senado de la República valide esta reforma, se espera que el trabajo conjunto con la Cámara de Diputados dé como resultado una ley efectiva y coherente. El diputado Fernando Torres ha instado a sus colegas a acelerar el proceso y no esperar a que se agote el plazo de seis meses para la creación de esta ley vital.
La realidad es que la extorsión es un fenómeno que no solo afecta a los individuos, sino que también tiene repercusiones profundas en la seguridad y estabilidad del país. Con esta reforma, se espera un enfoque más serio y coordinado para combatir este delito que sigue en aumento.
