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Crecen las dudas sobre Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

El exgobernador enfrenta acusaciones por su vinculación en red de contrabando de combustible en Coahuila.

El exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel se encuentra en el centro de la controversia tras ser mencionado en investigaciones federales por su presunta implicación en una red de huachicol fiscal. Ruffo es socio de la empresa Ingemar, involucrada en un megadecomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila. Las acusaciones han crecido, generando un clima de incertidumbre alrededor de su figura.

Reacciones y defensas de Ruffo

Ante los cuestionamientos, Ruffo ha declarado que no ha sido requerido formalmente por las autoridades, insistiendo en que está disponible para el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sin embargo, sus defensas han sido consideradas evasivas por críticos, quienes apuntan a la seriedad del caso. “Aquí estoy”, afirmó Ruffo, mientras acusaba al gobierno de Morena de querer “salpicar” a otros con su mala imagen.

Es importante destacar que la FGR y la Agencia Nacional de Aduanas de México han preparado más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión por contrabando de combustible, incluyendo una contra Ruffo. Esta situación debilita su argumento de ser víctima de una cacería mediática.

La complejidad del huachicol fiscal

El exgobernador ha declarado que el problema del huachicol fiscal recae únicamente en el gobierno federal y la corrupción en Aduanas. Sin embargo, su participación como accionista en Ingemar, empresa señalada por su vinculación con el contrabando, despierta serias dudas sobre su responsabilidad. Aunque sostiene que posee solo el 49% de las acciones y carece de control mayoritario, expertos indican que su influencia sigue siendo significativa en un negocio ahora investigado por delitos graves.

Fuentes federales han indicado que las órdenes de aprehensión comenzaron desde agosto de 2025, y el secretario García Harfuch ha confirmado la detención de 14 personas relacionadas con el contrabando, incluyendo empresarios y exfuncionarios de aduanas. En este contexto, la estrategia de Ruffo de deslindarse y responsabilizar exclusivamente al gobierno federal ha sido objeto de críticas por parte de analistas que exigen una investigación exhaustiva de su papel en las operaciones de Ingemar.

La realidad es que la situación de Ruffo es un reflejo de la complejidad del panorama político y económico en México, donde las conexiones entre el sector público y privado a menudo generan controversias que afectan la percepción pública y la confianza en las instituciones.

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